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(Actualizado

La huelga médica en la Comunidad de Madrid vuelve a situar en el centro del debate las condiciones laborales de los facultativos y el modelo organizativo que rige la sanidad pública desde hace más de dos décadas.

El conflicto gira en torno a la reforma del Estatuto Marco del personal sanitario y, especialmente, a la regulación de las guardias médicas.

Desde el sindicato convocante explican que el origen del problema se remonta al Estatuto Marco aprobado en 2003, impulsado por la entonces ministra de Sanidad.

Aquella norma unificó en un único marco a todas las categorías profesionales sanitarias y no sanitarias, pero introdujo para los médicos una jornada complementaria obligatoria vinculada a las guardias.

Según denuncian los representantes médicos, esta regulación permite que, en función de las necesidades del servicio y con plantillas ajustadas, un facultativo pueda encadenar jornadas que alcancen legalmente hasta 48 horas semanales de promedio en cómputo semestral. En la práctica, aseguran, esto puede traducirse en semanas de hasta 96 horas de trabajo.

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Los médicos reclaman que su jornada ordinaria se equipare a la del resto de empleados públicos —37,5 horas semanales en Madrid— y que cualquier exceso se considere jornada extraordinaria. Consideran insuficiente la propuesta ministerial de rebajar el máximo de 48 a 45 horas semanales de promedio.

Otro de los puntos de fricción es la propuesta de modificación de la clasificación profesional. Con la adaptación al nuevo sistema de grados universitarios, se estudia una posible equiparación de categorías que actualmente diferencian, por ejemplo, a médicos y enfermeros dentro de los grupos A1 y A2.

Desde el sindicato médico sostienen que la equiparación podría desdibujar competencias y responsabilidades, teniendo en cuenta que la formación en Medicina implica seis años de carrera más una especialidad obligatoria de entre cuatro y cinco años, tras superar el examen MIR. Las movilizaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas jornadas de huelga.

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Los convocantes aseguran que han intentado evitar este escenario mediante concentraciones y propuestas alternativas, pero defienden que la reforma del Estatuto Marco es imprescindible para garantizar condiciones laborales más justas y, en última instancia, una mejor atención a los pacientes.

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