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(Actualizado

La aprobación de la nueva oferta de empleo público por parte del Gobierno ha generado un fuerte rechazo entre los sindicatos presentes en la mesa de negociación.

Aunque el Ejecutivo ha anunciado un total de 37.000 plazas -27.000 de ellas correspondientes a la Administración General del Estado (AGE), sin contar Policía Nacional y Guardia Civil-, las organizaciones sindicales denuncian falta de transparencia y consideran insuficientes las cifras.

El Gobierno oferta 27.000 plazas de empleo público, insuficientes para los sindicatos

Según el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, la oferta permitiría generar unos 6.200 empleos netos en la Administración Central, una vez descontadas jubilaciones y bajas.

Sin embargo, los sindicatos cuestionan estos datos y alertan de que la medida no revierte la pérdida de personal en los servicios públicos.

“No ha habido negociación real”

Milagros Doronzo, secretaria de Negociación de CSIF, ha asegurado que el proceso ha sido “una apariencia de negociación”. Según explica, aunque se celebraron varias reuniones, la Administración no facilitó información clave en ningún momento.

“No hemos tenido datos ni siquiera un borrador de texto sobre el que posicionarnos”, denuncia. A su juicio, el Gobierno ha priorizado el anuncio público de las plazas frente a un proceso real de diálogo, lo que evidencia “el poco respeto por la negociación colectiva”.

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Doronzo también critica que la oferta es insuficiente. Según los datos adelantados por el Ministerio, se ofertan 26.886 plazas para la AGE, además de 346 adicionales para emergencia climática. Sin embargo, subraya que hay menos plazas de promoción interna que el año pasado y que el incremento en nuevo ingreso es mínimo.

Plazas sin cubrir y riesgo de caducidad

Uno de los principales problemas señalados por el sindicato es que muchas plazas de ofertas anteriores siguen sin convocarse o sin cubrirse. En el caso del personal laboral, más de 9.000 plazas correspondientes a las ofertas de 2023, 2024 y 2025 siguen pendientes. “Si no se publican en los próximos meses, las de 2023 caducarán”, advierte Doronzo.

Además, denuncia situaciones como la de opositores que han aprobado pero aún no han sido incorporados a sus puestos, permaneciendo en casa con retribuciones reducidas. “Esto supone un coste para los ciudadanos y un perjuicio para los trabajadores”, señala.

CCOO también habla de “falta de respeto”

Desde Comisiones Obreras, su secretaria general en la AGE, Montse Gómez, comparte el diagnóstico. “Es la primera vez que no se nos facilitan cifras concretas durante la negociación”, afirma.

Gómez critica que la Administración haya pedido a los sindicatos “un acto de confianza” en los datos presentados públicamente por el ministro, sin haberlos discutido previamente en la mesa.

Aunque el Gobierno sostiene que se generarán empleos netos, CCOO considera que las cifras consolidan la pérdida de efectivos. “Llevamos años con jubilaciones sin reposición suficiente y estas ofertas no están revirtiendo la situación”, explica.

Sectores al límite y falta de atractivo

Ambos sindicatos coinciden en que hay áreas especialmente tensionadas por la falta de personal, como la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo, Instituciones Penitenciarias o el Instituto Nacional de Estadística.

Además, denuncian problemas estructurales que dificultan cubrir las plazas: largos procesos selectivos, temarios extensos, escasas oportunidades de promoción interna y salarios poco competitivos.

“Hay opositores que, tras años de esfuerzo, renuncian a su plaza o ni siquiera llegan a tomar posesión”, explica Gómez. En algunos casos, señala, los sueldos —en torno a 1.250 euros en los niveles más bajos— no compensan el coste de vida, especialmente en destinos como Madrid.

A la espera de la publicación oficial

Los sindicatos también han mostrado su sorpresa por que el real decreto aún no se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado, lo que impide conocer el detalle de la distribución de plazas.

Ambas organizaciones reclaman más información y un cambio en el modelo de negociación. Mientras tanto, advierten de que el sistema actual no está logrando ni reforzar los servicios públicos ni atraer y retener talento en la Administración.

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