El Supremo abre la puerta a la fijeza de miles de interinos, pero los abogados denuncian que "vulnera el derecho europeo"
- Entrevista a Javier Araúz, abogado y representante legal del colectivo de interinos
Un nuevo capítulo en la larga batalla judicial de los trabajadores interinos en España.
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo reconoce el derecho a la fijeza para miles de empleados públicos temporales, aunque el sector jurídico advierte de que el fallo sigue sin cumplir plenamente con las exigencias de la Unión Europea.
Según ha explicado el abogado Javier Araúz, representante legal del colectivo de interinos, la resolución supone un "importante avance" al reconocer la condición de fijos a cerca del 60% de los interinos.
Este grupo lo integran aquellos profesionales que en su día superaron un proceso selectivo (oposición o concurso-oposición) sin obtener plaza en ese momento, pero que han terminado encadenando contratos durante décadas a través de bolsas de empleo.
Hasta esta sentencia, trabajadores con hasta 35 años de servicio podían ser despedidos sin recibir ningún tipo de indemnización o compensación.
Sin embargo, el fallo no satisface todas las reclamaciones del colectivo. La sentencia excluye de la fijeza automática a quienes accedieron a la administración únicamente mediante un concurso de méritos.
Araúz considera que esta distinción es contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
"Vamos a presentar una denuncia contra esta sentencia ante la Comisión Europea", ha anunciado el letrado, argumentando que el pronunciamiento sigue permitiendo que la administración se "escape" de la aplicación de la directiva comunitaria.
El conflicto se encuentra ahora en un punto crítico. La Comisión Europea ha otorgado al Gobierno de España un plazo que vence el 29 de julio para legislar de forma definitiva contra el abuso de la temporalidad. Si no se cumple con este requerimiento, España se enfrenta a sanciones económicas o a una demanda ante el TJUE.
Para los juristas, este proceso que dura ya 25 años debe concluir con una sanción clara a las administraciones que han abusado de la precariedad laboral en el sector público.
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