El menor ha sido identificado como Andrés de V.F., de 17 años, vecino de Pontevedra y sin antecedentes. Es miembro del grupo Mocidade Granate, los ultras del Pontevedra Club de Fútbol. El propio colectivo de seguidores radicales ha difundido un tuit en su cuenta en el que se asegura que, como grupo, se desmarcan de la agresión.
"@MocidadeGranate se desmarca como grupo de la agresión de uno de sus miembros a Mariano Rajoy RE", dice este comentario publicado por la cuenta de Hai que roelo, pero retuiteado por el grupo Mocidade Granate.
Andrés de V.F. es un menor problemático, según algunas fuentes, que ha sido expulsado de varios colegios. En el momento de su detención no dudó en ocultar su satisfacción por su agresión a Rajoy e incluso levantó los puños en señal de victoria.
CONDENA
El joven puede enfrentarse a medidas de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores, en aplicación de la ley que regula la responsabilidad penal para mayores de 14 años, según apuntan juristas consultados por Europa Press que precisan, no obstante, que esta posibilidad es "improbable".
A la espera de que la Fiscalía califique los hechos, el agresor, de 17 años de edad y que ha sido detenido, es previsible que sea acusado de la comisión de un delito contra la autoridad, castigado tras la reforma del Código Penal, que entró en vigor el pasado mes de julio, con penas de prisión de uno a seis años de cárcel y la imposición de una multa en el caso de aquellos que superen los 18 años. Otras fuentes apuntan a la posible comisión de un delito contra las altas instituciones del Estado.
Según explica la ley, las medidas de internamiento se reservan para aquellos casos que responden "a una mayor peligrosidad" que se manifiesta a través de la naturaleza "particularmente grave de los hechos cometidos". El objetivo prioritario de la medida, según explica la norma, es que el menor disponga de "un ambiente adecuado" que sirva para que "pueda reorientar aquellas deficiencias que hayan caracterizado su comportamiento antisocial".
El régimen cerrado es, en todo caso, la medida más dura que puede aplicarse y los expertos consultados advierten que existen otras intermedias cuya aplicación será valorada por el fiscal y el juez de menores en quienes recaiga la causa.
