El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido a las familias afectadas por el derrumbe del edificio de Carabanchel viviendas en el distrito cuyo alquiler sufragaría el consistorio durante seis meses, y que se adaptarán a las necesidades de cada familia en función del número de miembros de la misma.
Así se lo han explicado representantes del Ayuntamiento a los afectados del número 5 de la calle Duquesa de Tamames, con quienes se han reunido para darles cuenta de las medidas que se van a adoptar y de los trabajos de desescombro y búsqueda de enseres que se están llevando a cabo.
Según ha informado el Ayuntamiento, junto a las soluciones habitacionales se han propuesto otras medidas de apoyo, y para sufragarlas el Área de Economía y Hacienda ha ordenado una disposición presupuestaria de emergencia que estará disponible a partir de la próxima semana, aunque de momento cada persona afectada ya ha recibido una cantidad para poder adquirir los bienes de primera necesidad.
Desde el Ayuntamiento también se estudia cómo facilitar estrategias de intermediación colectiva con entidades bancarias en el caso de las hipotecas que pudieran tener suscritas los vecinos, y se ha explicado a los afectados que las labores de recogida de documentación entre los escombros están resultando "extremadamente complicadas".
La concejala del distrito de Carabanchel, Esther Gómez, ha declarado tras la reunión que el Ayuntamiento ha ofrecido a los afectados la Oficina de Información al Consumidor para ayudarles a realizar todas las gestiones, como reclamaciones ante sus seguros, la baja de los suministros que tuvieran contratados o cualquier tipo de asesoramiento legal y jurídico.
Respecto a su realojo, Gómez ha especificado que la Oficina Municipal del Alquiler buscará pisos en el distrito, que se repartirán en función del número de personas que conformen la unidad familiar, y los gastos serán sufragados por el Ayuntamiento durante medio año.
Según el Ayuntamiento, estas soluciones habitacionales se dirigen a las trece familias propietarias y residentes habituales en el inmueble y una familia inquilina de larga duración con menores a su cargo que también vivía en el inmueble colapsado.
Después de reunirse durante esta semana con cada una de las familias, los concejales de varias Áreas municipales y del distrito de Carabanchel se reunieron ayer para estudiar las medidas de apoyo que se deben tomar, y entre otras cosas se ordenó una disposición presupuestaria de emergencia que estará disponible la próxima semana.
"Cada una de las personas afectadas ha recibido ya una cantidad para poder adquirir los bienes de primera necesidad más urgentes, y a partir del próximo lunes se agilizarán los trámites para facilitar otros elementos imprescindibles para algunos de los afectados, como gafas o audífonos", ha explicado el Ayuntamiento.
Durante la reunión de hoy con las familias afectadas también se les ha informado sobre los trabajos realizados en el lugar del derrumbe, y se ha especificado que las labores de recogida de documentación entre los escombros están resultando "extremadamente complicadas", por lo que los servicios y cuerpos implicados "extreman las precauciones en atención a la seguridad".
Igualmente se extrema la precaución respecto al inmueble colindante, que también fue desalojado antes del derrumbe, y como medida de seguridad las familias podrán regresar sólo cuando hayan terminado las tareas principales de desescombro y se haya revisado una vez más la estabilidad de la estructura.
Desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible se busca la máxima seguridad de los vecinos y se valora la posibilidad de emprender estudios independientes sobre el colapso del edificio. Respecto a la documentación que han perdido los afectados, Esther Gómez ha señalado que se está intentando acelerar al máximo todos los procesos de tramitación.
Así, las tarjetas sanitarias ya se pueden solicitar sin coste alguno en el centro de salud de la calle Guayaba y los DNI estarán posiblemente a mediados de la semana que viene. La concejala ha destacado el trabajo pormenorizado que se está realizando en las tareas de desescombro, en las que participan voluntarios de Protección Civil y miembros de la Policía Judicial, ésta última encargada de custodiar y catalogar las pertenencias que pudieran aparecer.
