Un informe señala que el Gobierno pudo actuar antes de la crisis de Ceuta
- Un análisis de inteligencia sostiene que el Ejecutivo conocía el riesgo de una entrada masiva y señala fallos de coordinación entre Defensa e Interior
La investigación de la juez Tardón sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio continúa avanzando con nuevas evidencias que cuestionan la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez ante las advertencias recibidas.
Un informe de inteligencia elaborado por el analista Chema Gil, que recopila documentación aportada a la Audiencia Nacional, sostiene que el Ejecutivo conocía el riesgo de una entrada masiva con al menos tres días de antelación, pero no adoptó las medidas extraordinarias necesarias.
"El fallo no fue de información. Fue de decisión", señala el documento, que apunta a una gestión "gravemente deficiente" de la crisis y denuncia fallos de coordinación entre los ministerios de Defensa e Interior y la Presidencia del Gobierno.
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Según el informe, entre el 27 y el 29 de julio se emitieron diferentes avisos procedentes del CNI, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro Nacional de Inteligencia y Fronteras (CENIF).
Entre ellos figura un documento del Regimiento de Guerra Electrónica 32 que consideraba "muy probable" una entrada masiva de inmigrantes el 30 de julio, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos.
El análisis también cuestiona las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la existencia y el alcance de las advertencias previas.
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El documento sostiene que el Gobierno no activó los mecanismos de coordinación previstos en la Ley de Seguridad Nacional y que la declaración de situación de interés para la seguridad nacional llegó 25 días después de la entrada masiva.
Además, recuerda el precedente de mayo de 2021, cuando entre 10.000 y 12.000 personas accedieron a Ceuta en apenas dos días, una crisis que obligó a desplegar al Ejército.
El informe concluye que la información disponible permitía anticipar el riesgo, aunque sus valoraciones sobre la responsabilidad del Ejecutivo deberán ser examinadas en el marco de la investigación judicial.
