La llegada de Mercedes González a la Dirección General de la Guardia Civil, en septiembre de 2024, no fue bien recibida en amplios sectores del Instituto Armado. Su nombramiento por parte de Pedro Sánchez generó recelos desde el primer momento, especialmente porque compaginó durante cinco meses ese cargo con la Secretaría General del PSOE de Madrid, una situación que muchos mandos interpretaron como una señal de creciente influencia política sobre el Cuerpo, especialmente sobre la Unidad Central Operativa (UCO).
Las dudas sobre esa supuesta injerencia han vuelto a cobrar fuerza tras las declaraciones de José Manuel Vallejo, vicepresidente de la asociación 'Una Policía para el Siglo XXI', quien denuncia el uso de "informaciones reservadas" contra agentes y mandos policiales.
Según explica, estas actuaciones internas funcionan como investigaciones preliminares de carácter discreto, en las que el afectado puede pasar meses sin saber siquiera que está siendo investigado.
"La cosa es más perversa todavía porque no está acreditado que se haya llegado a ejecutar ningún expediente disciplinario concreto. Lo que se abría eran informaciones reservadas, una especie de limbo donde se analiza si alguien ha podido cometer alguna infracción disciplinaria", afirma Vallejo.
El vicepresidente de la asociación advierte de las consecuencias profesionales que puede sufrir un agente durante ese proceso, incluso aunque finalmente no exista sanción alguna. "Mientras eso se dirime, olvídate de ascensos, condecoraciones, productividad o recompensas. Puedes pasar meses sin enterarte de que te están siguiendo", denuncia.
Vallejo asegura además haber vivido personalmente una situación similar. "Yo mismo estaba preparándome para ascender a oficial y, con insinuaciones de supuestos delitos o faltas graves, cualquiera se presenta a un ascenso. Es tan perverso como eso", sostiene.
En sus declaraciones, también critica la creciente vinculación entre responsables de Interior y el PSOE. Recuerda el precedente de María Gámez, exdirectora de la Guardia Civil, cuya participación en un acto del Partido Socialista provocó polémica en su momento.
"Jamás debería permitirse una injerencia política de este tipo. Ahora estamos hablando de una directora general que, según se dice, habría estado influida por la trama Leire o por el entorno de Santos Cerdán. Y eso no sería posible sin el respaldo del Ministerio del Interior", concluye.
Las acusaciones se producen en un contexto de creciente tensión política y judicial, marcado por investigaciones que afectan al entorno socialista y por las críticas de la oposición sobre un supuesto intento de controlar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.