Alejandro Mariscal de Gante, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, defendió en Análisis de la noche la decisión cautelar del Tribunal Supremo sobre el voto de determinados ciudadanos nacionalizados por la Ley de Nietos.
Según explicó, existen dudas sobre si una instrucción administrativa ha modificado los requisitos legales y alterado el censo electoral.
El portavoz subrayó que el objetivo es garantizar la legalidad y la neutralidad de las elecciones, y recordó que las resoluciones judiciales deben cumplirse también cuando afectan al poder político.
Sobre una posible intervención del Tribunal Constitucional, Mariscal de Gante advirtió de que este órgano no debe convertirse en una segunda oportunidad para el Gobierno cuando pierde un recurso ante el Supremo.
Asimismo, recordó que su función es proteger los derechos fundamentales, no actuar como una instancia adicional para revisar resoluciones judiciales desfavorables al Ejecutivo.
