El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha rechazado enviar al que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes a prisión provisional, ratificando las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y firma periódica en sede judicial--, tras una nueva comparecencia en la que ha optado por guardar silencio sobre su presunto papel de "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado por mordidas.
El magistrado Leopoldo Puente ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que no ha pedido el ingreso en prisión provisional para Koldo al considerar que, aunque hay riesgo de fuga, está suficientemente mitigado con las cautelares acordadas.
En cambio, las acusaciones populares encabezadas por el PP sí han reclamado al instructor que le enviara a la cárcel recalcando que el dinero al que se refería Koldo en sus conversaciones como "chistorras" aún no ha aparecido. Se trata de las mismas posturas que las partes adoptaron en la vistilla celebrada el pasado miércoles respecto a Ábalos.
En su caso, Puente confirmó idénticas cautelares, si bien observó un riesgo de fuga "creciente" que cree que aumentará conforme se acerque el juicio. Entonces, avisó, sí podría endurecerlas.
Fuentes del entorno de García aseguran que se encuentra preparado por si llegara a entrar en prisión provisional, medida que hasta la fecha solo ha prosperado con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, se ha acogido este jueves a su derecho a no declarar en una nueva comparecencia en el Tribunal Supremo (TS), tras la que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se mantengan las medidas cautelares vigentes --prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencia periódica en sede judicial--, mientras que las acusaciones populares que encabeza el PP han reclamado que lo envíe a prisión provisional.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes jurídicas, después de que García haya comparecido tras ser citado por el reciente informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le señala como "gestor y custodio" de los fondos "opacos" que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.
"PRECAVIDO" POR SI ENTRA EN PRISIÓN
El exasesor ministerial ha llegado en taxi al Supremo poco antes de las 10.00, la hora a la que estaba citado. Acompañado de su abogada, Leticia de la Hoz, y ataviado con una boina y mochila en mano, no ha hecho declaraciones a los periodistas, aunque a las puertas del despacho de la letrada, al ser preguntado por los medios sobre la mochila, ha respondido que es un "hombre precavido".
Y es que Koldo también se enfrentaba este jueves a una vistilla para revisar las medidas cautelares que le impuso el magistrado el pasado febrero: prohibición de salida del país, retirada del pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.
Fuentes del entorno de García aseguraron antes de comparecer que se encuentra preparado para entrar en prisión provisional, medida que por ahora solo ha prosperado con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, por el riesgo de fuga y de destrucción, ocultación y manipulación de pruebas, debido a su "papel principal" en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.
En un último movimiento de su defensa, el exasesor solicitó este martes al Supremo que anulara y archivara las pesquisas en todo lo que el Congreso de los Diputados no había autorizado expresamente al conceder el suplicatorio para investigar a Ábalos, el único aforado de la causa y el motivo por el que García también está investigado en el TS, además de en la Audiencia Nacional, donde comenzó la investigación.
La defensa argumenta en su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, que todo lo que excede el mandato parlamentario debe quedar fuera de la investigación del Supremo, que a su juicio solo podría indagar en las supuestas adjudicaciones irregulares de contratos para comprar material sanitario en plena pandemia a una empresa vinculada al presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama.
Según su razonamiento, el instructor debería solicitar tantos suplicatorios al Congreso como hechos distintos a investigar, entre ellos las supuestas gestiones de Koldo, por mandato de Ábalos, para colocar en empresas públicas a Jésica Rodríguez, expareja del exministro, o los presuntos amaños de obra pública.
En el caso de Ábalos, que compareció este miércoles ante el juez, las acusaciones populares lideradas por el PP pidieron su ingreso en prisión provisional, si bien la Fiscalía Anticorrupción se opuso, a pesar de que sí apreció riesgo de fuga e indicios reforzados en su contra.
El magistrado siguió finalmente la línea del Ministerio Público, limitándose a confirmar las cautelares vigentes. No obstante, pese a descartar enviar al exministro a prisión provisional, advirtió, al igual que el fiscal, de que veía un "creciente" riesgo de fuga que asumía que podía aumentar a medida que se refuercen los indicios y se acerque el eventual juicio.Entonces, avisó, sí podría adoptar "medidas cautelares más gravosas".
Ábalos compareció este miércoles por estos hechos y, a diferencia de las tres ocasiones anteriores, optó por guardar silencio y alegó indefensión, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, por no contar con un abogado de su confianza, ya que estuvo asistido por su hasta ahora letrado, José Aníbal Álvarez, al que quiso renunciar días antes por "diferencias irreconducibles", pero el magistrado no le dejó al considerar que era fraude de ley.