La Comunidad de Madrid cuantifica en 12.367 millones de euros la "deuda consolidada" del Gobierno central con la región, una cifra que se ha incrementado en casi 2.000 millones solo en el último semestre y que equivale aproximadamente al 40 % del presupuesto autonómico de este ejercicio. Una deuda que mantiene el Gobierno de Pedro Sánchez que sigue creciendo año a año y cuya cantidad más importante de esa deuda además al apartado de Dependencia.
"La situación que estamos viviendo es increíble (...). El Gobierno de Pedro Sánchez tiene secuestrado el dinero de los madrileños", denuncia la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien asegura que los servicios públicos madrileños "no están comprometidos" pero a costa de asumir una mayor financiación a corto plazo.
En un encuentro informativo, fuentes de la Consejería han abundado que la "asfixia" a la que el Gobierno somete a Madrid es "insostenible", y reclaman "colaboración" y "lealtad institucional".
Aunque la mayor de las partidas de esa deuda, con 4.513 millones, corresponde al Fondo de Competitividad acumulado entre 2019 y 2023, desde la Comunidad de Madrid ponen el foco en el retraso en la actualización de las entregas a cuenta de 2026, que según la Administración autonómica le ha causado un perjuicio de más de 750 millones de euros, que además se incrementa mes a mes.
De hecho, el pasado 29 de abril la consejera Albert envió una carta al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para felicitarle por su nombramiento y, de paso, reclamarle que "apruebe de inmediato un real decreto-ley cuyo único objeto sea la actualización de las entregas a cuenta a las cantidades comunicadas para 2026".
"Las entregas se están llevando a cabo actualmente según lo previsto en el último presupuesto aprobado, el de 2023, lo que se traduce en una caída adicional muy notable de lo que cada mes percibimos", se quejaba la consejera en esa misiva.
Según protesta la Comunidad, percibió 129 millones mensuales menos de lo que le corresponde entre enero y marzo y 376 millones menos al mes desde abril.
Otro de los grandes bloques de la deuda lo representa el "incumplimiento", por parte del Gobierno, de la Ley de Dependencia. "Obliga al Estado a financiar el 50% y solo cubre el 27,9 %", dice la Consejería, que cifra en 2.668 millones la cantidad que ha dejado de abonar el Ejecutivo desde 2019, aunque reconocen que este impago es prácticamente estructural desde que se aprobó dicha norma, en 2009.
El Estado también debe a Madrid, según la Comunidad, 1.580 millones de euros del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo; 1.200 millones de las obras pendientes en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales de La China, Butarque y Sur; y 417 millones correspondientes al Consorcio Regional de Transportes.
La Comunidad imputa otros 993 millones de euros de deuda a "la infrafinanciación de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", a lo que se suman otros impagos por distintos conceptos en las áreas de Sanidad (149 millones de euros), Justicia (61) y Educación (10). Muchas de estas deudas ya están recurridas judicialmente.
Gastos 'impuestos' por el Gobierno
Más allá de la deuda, desde la Comunidad denuncian un 'modus operandi' del Gobierno consistente en decidir medidas "electoralistas" sin consensuarlas con las autonomías y que generan obligaciones financieras imprevistas para ellas.
Citan como ejemplo el 'plan anticrisis' por la guerra en Oriente Medio adoptado por el Ejecutivo, con rebajas en impuestos cedidos a las autonomías y un impacto en Madrid que "asciende a 206 millones de euros". O "la subida retributiva pactada por el Ejecutivo central para los empleados públicos, sin participación de las comunidades autónomas", y con un coste de 888 millones de euros para la Comunidad de Madrid en 2025 y 2026, "elevándose a cerca de 2.000 millones de euros hasta 2028".
En todo caso, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afirma tener "margen suficiente" para ofrecer sin problemas sus servicios públicos y cumplir su programa electoral, incluida la bajada de medio punto en el tramo autonómico del IRPF prometida por la presidenta