La Fiscalía ha dictado una instrucción para vigilar el uso de cualquier inmovilización, restricción física o tratamiento farmacológico en los centros de mayores, de personas con discapacidad y unidades psiquiátricas, que solo se aplicarán bajo prescripción médica y consentimiento del paciente o tutor legal.
Cada día en nuestro país unas 50.000 personas viven atadas o sedadas para calmar sus brotes, sin contar con los que viven atados en sus propios domicilios. Desde la Confederación de Asociaciones de Mayores aseguran que España es el país más desarrollado en materia de sujeción, de hecho los sanitarios de muchos centros insisten en que en muchas ocasiones esa inmovilización es necesaria para que los mayores no se autolesionen.
En Madrid ya se aplican límites a las restricciones
Pero desde hace tiempo se insiste en la idea de eliminar esas sujeciones por el daño físico y psicológico que provocan en los pacientes. Algunas comunidades como Euskadi ya han comenzado a tomar medidas para limitar el uso de cinturones nocturnos o correas en los centros.
Según informa la Consejería de Políticas Sociales, la Comunidad de Madrid ya aplica esas limitaciones. Además, en el último acuerdo marco de septiembre que fijaba las condiciones de contratación de plazas concertadas en residencias se pedía que se formara a los trabajadores en medidas alternativas a las sujeciones.
Pilar Ramos, portavoz de la Asociación de la Atención a la Dependencia (AMADE), subraya que la aplicación de estas medidas de sujeción no es "habitual" y pide extremar el cuidado con el vocabulario, porque en "las residencias nunca se ata", y si hay alguna sujeción o contención siempre está indicado por un profesional médico y cuenta la autorización de la familia.
