CEP carga contra Marlaska: "Es el peor ministro del Interior de la historia"

La decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de prohibir el uso de gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes ha desatado el malestar de los sindicatos de la Policía Nacional. Las organizaciones consideran que la medida supone una desautorización de los agentes y cuestionan que el Ministerio haya ordenado investigar las actuaciones policiales durante la huelga general del 11N antes de conocer todos los detalles de lo sucedido.

El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), David Gutiérrez, ha criticado duramente la actuación del ministro en declaraciones a Telemadrid. "Por desgracia llevamos años sufriendo al peor ministro del Interior de la historia", ha afirmado, antes de acusar a Marlaska de vulnerar la presunción de inocencia de los agentes.

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Gutiérrez ha recordado que existen mecanismos para evaluar las intervenciones policiales y ha reprochado al Ministerio que haya ordenado una investigación previa sin esperar a disponer de toda la información. "Lo que hace es poner en cuestión el trabajo de los compañeros cuando ayer resultaron heridos más de 25 policías en toda España, con más de 100 detenciones y con las imágenes de violencia que hemos visto todos", ha señalado.

La polémica llega después de que Interior confirmara la apertura de una investigación sobre las cargas policiales durante las protestas del 11N y comunicara que había dado instrucciones para que, en adelante, no se utilice gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestantes.

Los sindicatos hablan de agentes "vendidos e indefensos"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera "inadmisible" que la respuesta del ministro, tras una jornada marcada por graves alteraciones del orden público y policías heridos, sea poner bajo sospecha a los agentes y restringir sus medios de intervención.

"Ya está bien de presentar como abuso policial cualquier uso de la fuerza", ha señalado la organización, que, aunque no cuestiona que se investiguen posibles irregularidades, reclama que los agentes dispongan de herramientas suficientes y del respaldo institucional necesario para actuar ante situaciones violentas.

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En la misma línea se ha pronunciado el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre los mandos, que ha expresado su indignación por la decisión de retirar el gas lacrimógeno de los dispositivos antidisturbios. "Es dejar a los agentes vendidos, indefensos y expuestos a agresiones directas sin una alternativa intermedia eficaz", ha advertido.

Las organizaciones policiales consideran especialmente doloroso que la medida llegue pocos días después de la muerte de un agente y su perro en acto de servicio en Oviedo, tras un tiroteo y la explosión de una mochila. Los sindicatos han vuelto a reclamar en este contexto el reconocimiento de la Policía como profesión de riesgo.

Jupol exige la dimisión del ministro

Por su parte, Jupol ha reclamado la dimisión inmediata de Grande-Marlaska. El sindicato reprocha al ministro que investigue a los agentes mientras, a su juicio, no ha mostrado el respaldo necesario tras la muerte del policía en Oviedo.

La organización defiende que el gas lacrimógeno es un medio coercitivo reglamentario cuya utilización debe ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y congruencia. Además, sostiene que permite intervenir a distancia y evitar el contacto físico directo con personas violentas.

Las protestas convocadas durante la huelga general del 11N se saldaron con policías heridos y más de un centenar de detenidos en las intervenciones de Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. Un balance que los sindicatos esgrimen para reclamar al Ministerio que respalde a los efectivos que participaron en los dispositivos.