La UCO registra el Ministerio de Igualdad por presunto fraude de fondos europeos en las pulseras antimaltrato

La Fiscalía Europea (EPPO) ha anunciado este jueves que está llevando a cabo una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas de España por un presunto fraude relacionado con fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para controlar el cumplimiento de medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género.

Así lo ha informado la Fiscalía Europea en un comunicado publicado este jueves desde Luxemburgo, en el que ha precisado que las actuaciones están siendo dirigidas por su oficina en Madrid y que cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Estas medidas se han adoptado en una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medias cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género", se lee en el escrito.

La investigación, iniciada el pasado año, se centra en un posible uso fraudulento de fondos de la Unión Europea destinados a financiar estos dispositivos electrónicos, utilizados para vigilar el cumplimiento de las órdenes judiciales de alejamiento y otras medidas de protección de las víctimas de violencia de género.

Por el momento, la Fiscalía Europea no ha facilitado información sobre las posibles personas investigadas, el importe de los fondos afectados ni el alcance de las diligencias que se están practicando en ambas instituciones.

BRUSELAS YA EXAMINABA LOS FALLOS EN LAS PULSERAS ANTIMAlTRATO

El caso de las pulseras antimaltrato ya llamó la atención de la Comisión Europea en noviembre de 2025, cuando advirtió de que examinaría los fallos detectados en estos dispositivos, dado que su correcto funcionamiento está vinculado al cumplimiento de uno de los objetivos del plan de recuperación español y, por tanto, al desembolso de parte de los fondos europeos.

En concreto, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó entonces que la adquisición de estos dispositivos figura como el hito 472 del plan de recuperación español y que su cumplimiento sería evaluado por Bruselas cuando España presentase su octava solicitud de pago.

Más recientemente, el pasado mes de marzo, la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo decidió mantener abiertas dos peticiones ciudadanas sobre los fallos de las pulseras antimaltrato, presentadas por la Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), a la espera de que el Ejecutivo comunitario aclarase si se había producido un uso indebido de fondos europeos