Uno de cada cuatro de nuestros mayores prestan ayuda económica a sus hijos. Los flujos de solidaridad intergeneracional se han invertido lo que está provocando que cada vez más personas retiren a los abuelos de las residencias para mantenerlos en casa. Esto supone un ingreso más para la economía familiar pero en ocasiones perjudican la calidad de vida del anciano.
La crisis así está provocando que una de cada diez personas mayores han dejado la residencia donde vivían en los últimos meses porque no podían afrontar su coste, para pasar a ser cuidados por un familiar al que aportan su pensión, con la que están sobreviviendo muchos hogares en apuros.
En lo que va de año, la Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha registrado un 10 por ciento más de plazas desocupadas y vaticina que si sigue esta tendencia se perderán más de 25.000 puestos de trabajo.
El presidente de la FED, Alberto Echevarria, explica a Efe que "el mercado privado está cayendo en picado como consecuencia de la crisis".
"Hay muchas familias que están esperando las ayudas de dependencia; hay cientos de miles de personas ya valoradas y con derecho a prestación, pero no las están recibiendo y privadamente no pueden seguir sosteniendo el coste de los servicios que les prestamos, no sólo en residencias, también en centros de día o servicios de ayuda a domicilio privados", señala.
Según el responsable de los empresarios de las residencias, "donde más se está notando es el ámbito residencial; muchísimas familias están sacando a sus familiares porque no pueden sostener el coste y están a gusto con el servicio, pero no lo pueden mantener y se tienen que llevar a sus familiares a sus domicilios".
Este cambio, advierte, va a provocar un mayor gasto en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
"Es elevadísimo el porcentaje de derivaciones hospitalarias que evitamos; los usuarios están atendidos en nuestros centros con los servicios médicos y de enfermería propios y ahora, viviendo en sus hogares, van a aumentar las asistencias a urgencias y los ingresos hospitalarios", indica Echevarria, quien también cree que será mayor el gasto farmacéutico.
Las ayudas y prestaciones que reciben los mayores están sosteniendo muchos hogares.
"Con la prestación de cuidador familiar de la Ley de Dependencia y con la pensión del abuelo están sobreviviendo determinadas familias, lo estamos constatando", asegura a Efe el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez.
Explica, por ejemplo, que en el Albergue Municipal de Transeúntes de Zaragoza muchos de los usuarios que van a comer cada día son abuelos, que se han convertido en responsables de la hipoteca de sus hijos, tienen la pensión embargada porque les avalaron e incluso a algunos les han quitado la casa por ese motivo.
"Si es dependiente, la nuera o la hija se convierte en su cuidadora para percibir la prestación", señala Ramírez.
El responsable de esta organización, que agrupa a la mayoría de centros que prestan servicios sociales en municipios y en otras entidades públicas y privadas, lamenta que el 50 por ciento de las prestaciones, en la Ley de Dependencia, hayan sido de cuidador no profesional, que debería haber sido de carácter excepcional.
"Es un gasto improductivo, que no genera ni retornos económicos ni en el empleo, pero para las administraciones la prestación de cuidador familiar es la más barata de todo el catálogo de prestaciones", indica.
El presidente de los directores de servicios sociales argumenta que como la red pública está prácticamente saturada, las personas con problemas acuden al Tercer Sector -Cáritas, Cruz Roja o el Banco de Alimentos- y "cuando ya no da abasto, porque se mezcla desahucio, crisis y paro, entra el cuarto sector, que son las familias".
"La cohesión social está cogida con hilos en el cuarto sector, porque muchas de las familias que dependen de la pensión o de la ayuda que le dan al abuelo no aguantan mucho tiempo", concluye.
