La Fiscalía ha considerado que están "suficientemente acreditados" los casi 2.000 euros de daño económico que ocasionó Juana Rivas a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, que se desplazó hasta España el verano pasado ante la negativa de esta vecina de Granada a devolverle a sus hijos. El Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, encargado de asuntos de familia, ha celebrado hoy la vista para fijar los posibles daños y perjuicios que causó Rivas a su expareja y padre de sus hijos, después de que ella rechazara entregarle a los menores.
La Fiscalía y la representación legal de Arcuri han cifrado en 1.912,5 euros el daño económico que la expareja de Rivas tuvo que afrontar en su desplazamiento desde Italia, una cantidad constituida fundamentalmente por el gasto en avión, alojamiento y tren, y que incluye los viajes del demandante y de sus dos hijos.
El Ministerio Público ha considerado que está "suficientemente acreditado" la estancia de Arcuri en España y los motivos, ha considerado que se trata de un gasto "indemnizable" y ha recalcado que Rivas tiene que afrontar los gastos El abogado del italiano, Enrique Zambrano, se ha adherido al informe de la Fiscalía y ha aportado una tabla con los gastos ordenados de manera cronológica, tras lo que ha anunciado que se reserva emprender otras acciones procesales por otros gastos.
Ha incidido además en que Arcuri se tuvo que desplazar a España "de forma forzada", ha recordado que la expareja de Juana Rivas permaneció en Granada 33 días y ha adelantado que irá sumando otros gastos que se pagaron con la tarjeta.
La defensa de Juana Rivas ha subrayado que los recibos aportados por el italiano no justifican los gastos porque se aportan tiques que no acreditan la relación con la causa. Aunque no era necesario ni ha declarado en la vista, Rivas se ha personado en la sede judicial de La Caleta y ha explicado a preguntas de los periodistas que aunque no está de acuerdo con la cifra, acatará lo que acuerde el titular del Juzgado.
Su letrado, Juan de Dios Ramírez, ha recordado que Arcuri estimó inicialmente el gasto en 30.000 euros, luego justificó unos 7.500 y la cantidad, tras el informe de la Fiscalía, se redujo a los menos de 2.000 euros de hoy. Ha apuntado además que una sentencia firme establece el abono de estos gastos, aunque ha recalcado que Arcuri debería haber probado la cuantía con un soporte documental y testimonial.
Este procedimiento civil es independiente a la vía penal dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que ha acordado la apertura de juicio oral contra Rivas por dos delitos de sustracción de menores y, de manera subsidiaria, uno de desobediencia de orden judicial. El juzgado instructor ha declarado a un Juzgado de lo Penal como órgano competente para conocimiento y fallo de la causa en la que Rivas se enfrenta a una petición de la Fiscalía de cinco años de cárcel, además de pérdida del derecho de la patria potestad por un plazo de seis años.
Paralelamente, un Tribunal de Cagliari, en el sur de Cerdeña, mantiene abierto en Italia otro proceso civil por la custodia de los menores, que se encuentran con su padre desde finales de agosto del año pasado, una vez que Rivas acabó entregándolos en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada.
