La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han asestado un duro golpe a una trama de nueve organizaciones que adulteraban el gasóleo bonificado para venderlo a gasolineras y transportistas, en una operación en la que, de momento, han sido detenidas cerca de 100 personas. Fuentes de la investigación han precisado a Efe que en esta operación, iniciada hoy y cuyos detalles se darán a conocer este viernes en rueda de prensa, se está desarrollando en veintitrés provincias de once comunidades autónomas.
Aún no se sabe el monto total del fraude a la Hacienda Pública que ha podido suponer esta actividad. Lo que sí se sabe es que miles de consumidores se han visto afectados por la adulteración del combustible, con los daños que a la mecánica de los vehículos ha podido ocasionar.
En muchos casos, esta actividad ilícita se ha cometido con la connivencia de gasolineras y algunos de los detenidos son empresarios relacionados con los hidrocarburos.
Unos 500 agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera están practicando decenas de registros en domicilios e inspecciones en gasolineras y en polígonos industriales donde se alteraba el combustible.
GASÓLEO AGRÍCOLA Y DE CALEFACCIÓN COMO COMBUSTIBLE PARA COCHES Y CAMIONES
Gasolineras de distintas empresas podrían estar implicadas en este fraude, que conlleva un gran riesgo para la mecánica de los automóviles al transformar gasóleos B y C, bonificados y usados en maquinaria agrícola y calefacción, en gasóleo originario tipo A, empleado como combustible para coches y camiones.
Además de cambiar el color del combustible, éste era engordado con otros hidrocarburos y sustancias, lo que aumentaba la cantidad de producto puesto a la venta y, en consecuencia, el beneficio obtenido por las redes.
El precio medio del gasóleo A esta semana es de 1,33 euros el litro, en tanto que el de los tipos B y C es de en torno a un euro y de 0,88 céntimos, respectivamente, por lo que la ganancia por esta actividad delictiva oscilaría entre un mínimo de 16,5 euros y un máximo de 27 euros por un depósito de un automóvil de entre 50 y 60 litros de capacidad.
Dado su precio más barato, miles de consumidores han repostado este combustible sin ser conscientes del peligro que entrañaba para sus vehículos, según las fuentes, que han destacado que en este fraude están implicadas organizaciones criminales que además de dedicarse a esta actividad, desarrollaban otras también ilícitas como el tráfico de drogas.
La investigación, que comenzó hace más de dos años, ha determinado que nueve grupos se dedicaban a adulterar y comercializar el gasóleo, que se vendía en muchas gasolineras a un precio más barato que el habitual, han precisado las mismas fuentes, que han querido dejar claro que estas bandas actuaban de forma independiente y no estaban, por tanto, lideradas por ningún cabecilla.
Más de 50 establecimientos que expenden combustible han sido inspeccionados en distintas provincias, entre ellas Madrid, Pontevedra, Toledo, Zamora, Almería, Cuenca, Murcia, Tarragona, Alicante, Castellón, Granada o Albacete.
No es la primera vez que se lleva a cabo una redada de este tipo. Ya en 2009, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria arrestaron a 23 personas miembros de una organización por este mismo delito y que había defraudado a Hacienda más de 6,5 millones de euros entre los años 2004 y 2008.
La operación, aún abierta, ha satisfecho al presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees), Javier Bru, quien ha dicho a Efe que los empresarios son "los primeros interesados en que se depuren responsabilidades".
"Aquel que no cumpla con la normativa debe quedar fuera de éste o cualquier de otro sector", ha afirmado.
Mientras, la asociación de consumidores Facua ha reclamado que las autoridades den a conocer el nombre de las gasolineras implicadas porque, según su portavoz, Rubén Sánchez, "se ha creado una sombra de sospecha sobre todo el sector en España".
Si el usuario ha repostado en una de esas gasolineras, "habrá que valorar si el vehículo tiene que pasar por algún tipo de revisión" y, si realmente se ha producido ya la avería, el consumidor debe reclamar a la gasolinera la indemnización por daños y perjuicios que sea pertinente, ha concluido Sánchez.
