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Madrid/ En medio de la polémica por el currículo de Bachillerato aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y recurrido por la Comunidad de Madrid, los editores de libros señalan en un comunicado que tienen la obligación de plasmar los contenidos escolares de acuerdo a las leyes educativas, también ahora con la LOMLOE y su desarrollo autonómico, los valores constitucionales y el rigor científico, y que la inspección educativa puede pedirles que los corrijan si lo incumplen.
La Asociación de Editores de Libros y Contenidos Educativos (Anele) ha subrayado esta cuestión tras la polémica y tras la reunión celebrada con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el que reiteró su "compromiso" en elaborar "contenidos de calidad".
"A partir de estos criterios, si la inspección educativa, dentro del ejercicio técnico de sus atribuciones, detectara que algún libro o material incurre en alguna cuestión contraria a estos elementos fundamentales, somos los primeros en solicitar que se corrija", subrayaron los editores.
Según Anele, los libros de texto presentados en los últimos días en medios de comunicación en los que se denuncia "ideologización" son "prototipos que aún están sujetos a cambios".
En este contexto, los libreros insistieron en el poco plazo de tiempo en el que tienen que elaborar los nuevos materiales que se usarán en el próximo curso.
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