La Guardia Civil interviene más de 3.500 kilos de metales procedentes de robos

La Guardia Civil, dentro de una operación especial llevada a cabo el pasado miércoles a nivel nacional, ha inspeccionado cerca de 800 centros de gestión de residuos sólidos, donde se ha recuperado más de 3500 kilos de diferentes metales presumiblemente procedentes de robos.

Según ha informado el Ministerio del Interior, entre los metales más robados destaca el cobre debido al valor que alcanza en el mercado ilegal este tipo de metales. Además, han sido detenidas diez personas e imputadas más de 50 en todo el territorio nacional.

En esta operación, que se enmarca dentro del Plan Nacional establecido por la Guardia Civil para la lucha contra el robo de metales, han participado más de 5.000 agentes de toda España. Algunos de los centros inspeccionados contaban con graves deficiencias, entre las que destaca la no grabación de los movimientos de metales en el aplicativo telemático que comparte la Guardia Civil con estos centros.

La Guardia Civil mantiene operativo desde el año 2006 el 'Plan Nacional para la lucha contra el robo de metales' con el fin de hacer frente al incremento de los robos detectado desde entonces y que está fuertemente vinculado a la evolución de la demanda y el incremento del precio del cobre en el mercado internacional.

Este Plan Nacional contempla una serie de acciones operativas específicas con los objetivos de prevenir los robos de cobre y evitar que el material robado llegue al mercado, a través de una actuación sobre todos los canales de receptación, transformación y transporte internacional.

En estos operativos intervienen tanto las unidades de seguridad ciudadana como las de investigación. En ocasiones se precisa también el apoyo de helicópteros para el control en zonas de difícil acceso de robos de grandes cantidades de metal, tendidos eléctricos, antenas de telefonía o huertos solares, entre otros.

Entre las actuaciones de la Guardia Civil enmarcadas en este plan se incluyen la detención en Pontevedra de cuatro jóvenes por el robo de 2.000 metros de cable de cobre propiedad de Telefónica. Además, ha detenido en Avilés (Asturias) a 34 personas e imputado a otras 16 por el robo de 145 toneladas de escoria de arrabio y a dos personas más por la receptación de ese metal.

Por último, en Málaga se ha detenido a ocho personas y se han incautado 157 kilos de cobre, 934 electrodomésticos con un volumen de 600 kilos de cobre, 600 kilos de acero y 240 de aluminio. Además, se han intervenido tres escopetas de caza, dos silenciadores para armas largas y dos kilos de marihuana, entre diverso material procedente de los distintos delitos.

EL ROBO DE CABLE CRECE CON LA CRISIS

El pasado verano municipios del extrarradio de Madrid estuvieron a punto de quedarse sin luz y el jueves un pequeño pueblo no tuvo comunicación telefónica durante horas. Todo por culpa del robo de cobre, una golosa actividad delictiva que se ha disparado por la crisis, entre otras causas.

Calcula la Guardia Civil que desde 2006, año en el que este cuerpo puso en marcha un plan de lucha contra ese delito, hasta 2012 las sustracciones de cobre y otros metales han crecido un 50 por ciento, sobre todo porque el producto está bien pagado en el mercado negro y es de fácil blanqueo.

Además, su sustracción es relativamente sencilla, amparada por la despoblación de las zonas víctimas de los cacos. Solo así se explica el robo de 25 kilómetros de cable del tendido eléctrico en pleno Pirineo.

La Guardia Civil, como explica el comandante Jesús Gayoso, se ha comprometido con la persecución de este delito y con su prevención. Dentro de las actuaciones del plan, los agentes llevan a cabo de forma periódica inspecciones en chatarrerías y otros centros de gestión de residuos sólidos para detectar metales robados.

En la última inspección, desarrollada el miércoles, los agentes controlaron 800 chatarrerías, donde se recuperaron 3,5 toneladas de diferentes metales presuntamente robados, pero también se detuvo a diez personas, se imputó a otras 50 en todo el territorio nacional y se impusieron 140 denuncias.

Más de 5.000 guardias han participado en esta inspección, en la que ha colaborado la Agencia Tributaria.

¿Por qué es rentable robar cobre? La cadena de ganancia es la siguiente, según explica Gayoso: el ladrón vende la tonelada de metal a 1.500 euros, el receptador o "blanqueador" la pone en el mercado legal a 3.000 euros y el distribuidor recibe por ella entre 5.000 y 6.000 euros.

Como cualquier delito, el robo de cobre tiene su propio "modus operandi" y su delincuente su particular perfil.

El ladrón suele ser, en el 70 por ciento de los casos, un español "profesional" de esta actividad que vive de ella, aunque también, y debido a la crisis, se están iniciando muchas personas, procedentes sobre todo de la construcción, que han visto en ella una forma relativamente fácil de ganar dinero.

Otra parte de los delitos son perpetrados por bandas organizadas, casi siempre de rumanos y muy especializadas. Tanto, que incluso se atreven con las catenarias, cuyo robo conlleva un riesgo añadido de sufrir un accidente grave.

Tras el robo del material, los delincuentes lo venden al receptador que, para evitar que el cable sea identificado, lo pela y lo funde antes de que pase a manos de un intermediario, que en muchos casos desconoce la procedencia ilegal del producto.

El cobre ya ha sido "blanqueado" en este proceso y el distribuidor lo envía, ya "legal", a Alemania, China e India, fundamentalmente.

Gayoso explica que un país emergente como China consume el 33 por ciento del cobre mundial y Chile produce el 33 por ciento, pero no es este el único país que le suministra al gigante asiático, ya que también recibe material de España.

Precisamente, la Guardia Civil lleva a cabo un especial control de la mercancía en los puertos del Cantábrico y del Mediterráneo, desde donde salen los contenedores con el metal, para comprobar la legalidad del envío.

Al instituto armado le preocupa especialmente el robo de cables eléctricos o de metales de infraestructuras críticas para el país, dada la dimensión y perjuicio que puede ocasionar en la vida diaria un hipotético apagón.

Por eso, la Guardia Civil está en contacto permanente con empresas de los sectores de la comunicación, energético y ferroviario, como Adif, una de las mayores víctimas de esta actividad, o Telefónica.

Sin embargo, también vigila las sustracciones de cobre en viviendas en construcción o los robos de material en huertos solares, centros de transformación o pequeñas centrales eléctricas, generalmente aisladas, poco vigiladas y, por tanto, presas fáciles para los delincuentes.

Uno de los principales problemas con los que se enfrentan los investigadores es que el cable no está identificado y, por ello, la iniciativa privada trabaja en la búsqueda de un ADN del cobre para que se pueda conocer su procedencia.

Y si algo preocupa a los agentes es la reincidencia en un delito (el 80 por ciento de los detenidos son reincidentes) que tiene poco reproche penal, si bien la reforma del Código Penal prevista por el Gobierno dará respuesta a esto y endurecerá las sanciones.

La colaboración ciudadana y la prevención son fundamentales, subraya Gayoso, quien también resalta la necesidad de concienciar a los compradores para que no adquieran cobre robado y graben los movimientos de metales en el aplicativo telemático que comparte la Guardia Civil con los centros de residuos sólidos.