La Fiscalía de Sevilla ha elevado a definitiva su petición de cuatro años de cárcel y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años para el exmatador de toros José Ortega Cano por el accidente de tráfico registrado el pasado mes de mayo de 2011 en el que perdió la vida un vecino de Castilblanco de los Arroyos identificado como Carlos Parra.
De este modo, el Ministerio Público ha mantenido su petición de cuatro años de cárcel y el pago de una indemnización de 169.619 euros a favor de los familiares por parte del acusado, al que atribuye un delito de homicidio imprudente en concurso con dos delitos contra la seguridad vial, en concreto por conducción temeraria y circulación bajo los efectos del alcohol.
De su lado, la acusación particular que ejerce la familia ha mantenido igualmente su petición de cuatro años de prisión, mientras que el abogado de la defensa del extorero ha interesado su libre absolución.
A 125 KMS/H, POPR EL CARRIL CONTRARIO
El torero José Ortega Cano, juzgado por un accidente de tráfico mortal, circulaba a 125 kilómetros por hora en una carretera limitada a 90 e invadió durante 60 metros y "de manera plena" el carril contrario antes del choque, según los peritos.
Cuatro peritos en reconstrucción de accidentes de la Guardia Civil han dicho a la juez que el vehículo contrario circulaba a 50 kilómetros por hora, en unos cálculos corroborados por varios programas de reconstrucción de siniestros.
La quinta jornada del juicio ha comenzado con el rechazo, por parte de la juez, de la declaración como testigos del enfermero que sacó sangre al torero en el hospital y el celador que la trasladó al banco de sangre, como ha pedido hoy mismo la Fiscalía.
El fiscal basó su petición en que, tras la declaración el viernes del jefe de Hematología del hospital Virgen Macarena, había quedado en "una nebulosa" la custodia de las muestras que luego se usaron para la prueba de alcoholemia que arrojo un valor triple de lo autorizado.
La juez ha argumentado que la declaración del jefe clínico no supuso una "retractación ni revelación inesperada", como prevé la ley para introducir testigos en esta fase del juicio.
