España es el segundo país de la Unión Europea con más niños en riesgo de pobreza, 2,7 millones de menores, según denunciaron varias ONGs, entre ellas Amnistía Internacional (AI), que pidieron al Gobierno español que revierta las políticas de austeridad e invierta en programas sociales.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU someterá mañana a España por segunda vez al escrutinio del Examen Periódico Universal (EPU), la evaluación sobre el cumplimiento de los derechos humanos que afecta a todos los miembros de Naciones Unidas.
En un evento paralelo celebrado hoy en Ginebra, organizado por el Centro para Derechos Económicos y Sociales (CESR) y titulado "España, derechos humanos en crisis", este organismo, AI y la Red Acoge expusieron violaciones a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales que a su entender ocurren en ese país.
2,7 MILLONES DE NIÑOS EN RIESGO
Citando fuentes de un informe de Unicef de 2014, Gaby Ore Aguilar, directora ejecutiva adjunta del CESR, recordó que, desde 2008, unos 800.000 niños han engrosado la lista de aquellos que están en fuerte riesgo de caer en la pobreza, "lo cual es equivalente a perder diez años de progreso en la lucha contra la pobreza infantil, según la ONU".
Actualmente existen 2,7 millones de niños en riesgo de exclusión social, una situación que deja a España en el penúltimo lugar de la Unión Europea (UE), sólo por detrás de Rumanía. Ore señaló que, actualmente, más de una cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión social, casi trece millones de personas, unos tres millones más que en 2007.
Sostuvo que el desempleo se mantiene en niveles récord y la precariedad salarial ha aumentado, y recordó que el gasto de salud por habitante, que ya era bajo en términos europeos, ha caído abruptamente en los últimos años.
"Ha habido recortes drásticos en el gasto social en los últimos cuatro años, sobre todo a las asignaciones de protección social de apoyo a los más vulnerables, por lo que la pobreza aumenta y la desigualdad social se incrementa de forma desproporcionada", agregó.
Ore se refirió también a los inmigrantes, un punto que también tocó Ignacio Jovtis, investigador de AI, quien recordó que tanto la ONU como el propio comisario europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, han puesto en duda la legalidad de las llamadas "devoluciones en caliente" de inmigrantes irregulares, que el Gobierno lleva a cabo y está intentando enmarcar legalmente.
Jovtis consideró que con esta política se cercena el derecho al asilo. El investigador de AI también se refirió al maltrato policial llevado a cabo contra inmigrantes y contra personas que participan en manifestaciones pacíficas, "y las pocas investigaciones judiciales respecto esta supuesta violencia".
Jovtis habló además del millar de desalojos previstos y el no cumplimiento del derecho básico a una vivienda; los atentados contra la libertad de expresión y manifestación y la anulación del principio de justicia universal, "área donde España era una referencia", así como la no investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura del general Franco.
Durante su anterior comparecencia ante el EPU, España aceptó 98 de las 128 recomendaciones formuladas por los estados, pero Jovtis criticó que algunas de ellas hayan sido ignoradas. Ore apuntó que, en 2012, España fue severamente criticada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas respecto a las medidas de austeridad que se aplicaban y recomendó su revisión, algo que no ha ocurrido.
"Esperamos que mañana en el EPU España asuma alguna de esas recomendaciones y corrija el rumbo desde políticas de austeridad hacia políticas sociales a la luz de sus obligaciones de derechos humanos", sostuvo Ore.
