Las últimas proyecciones demográficas del INE muestran una tendencia descendente con una caída acumulada del 13,7% | DOMINIO PÚBLICO
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Las últimas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una tendencia descendente de la población en edad típica de cursar estudios obligatorios o posobligatorios (población de 6 a 24 años), con una caída acumulada del 13,7% hasta 2041, lo que supone 1,32 millones de personas menos. Así lo refleja un informe publicado este miércoles por la Fundación BBVA y el Ivie, que avisa de que la demografía "puede marcar las necesidades de gasto educativo en los próximos años".

La investigación concluye que la caída prevista de población en edad de estudiar "podría aliviar la presión sobre los recursos del sistema educativo español en su conjunto".

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Sin embargo, precisa que las notables diferencias por niveles de enseñanza y entre territorios en la evolución demográfica "plantean un reto mucho más complejo". Mientras que en Enseñanza Primaria la caída de alumnado potencial supera el 10% y en Secundaria el 20%, en el caso de la población en edad de cursar estudios superiores el descenso acumulado sería más reducido, del 8,7%.

Además, la demografía señala un crecimiento de la población menor de 6 años que generará mayores necesidades de Educación Infantil.

También por regiones, las previsiones son muy desiguales, ya que frente a la reducción por encima del 20% de la población en edad de formación en Extremadura o Cantabria, en otras comunidades autónomas como la Comunidad Valenciana o Baleares la caída esperada no llega al 9%.

Los investigadores señalan que reasignar recursos presupuestarios y materiales, infraestructuras educativas y profesores en función de las necesidades demográficas "no resultará sencillo, pero las administraciones educativas deben reforzar ya su planificación futura, teniendo en cuenta el margen que ofrece la próxima jubilación de buena parte del personal docente".

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"Solo una adecuada programación a medida podrá dar respuesta apropiada a las necesidades educativas de la sociedad", apuntan.

Por otra parte, el informe subraya que "la próxima jubilación de buena parte de los docentes introduce un elemento de flexibilidad potencial en la asignación de recursos que hay que saber aprovechar". En este sentido, destaca que los últimos datos disponibles sitúan la edad media de los profesores de las universidades públicas en 49,5 años en el curso 2023-24, con un 18,7% de ellos con 60 o más años. En el caso de la enseñanza Secundaria un 35% supera ya los 50 años.

"Esto aumenta el margen para reorientar los recursos humanos que se incorporen hacia los tipos de formación y los territorios donde resulten más necesarios", recoge el estudio.

Para los investigadores, "la necesidad de una adecuada planificación de la política educativa, que contemple de modo realista las tendencias demográficas y su impacto territorial, resulta evidente".

"Ese ejercicio de responsabilidad es fundamental dada la importancia que la educación juega en la vida de las personas, su contribución a la igualdad de oportunidades y su papel como motor del desarrollo económico y el progreso social.

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Esto resulta aún más necesario en un momento como el actual, en el que cobra más importancia la formación continua a lo largo de la vida y se aspira asimismo a continuar reduciendo el abandono educativo temprano y mejorar la calidad de la educación", señala el documento.

Ante un escenario futuro de creciente presión sobre los recursos públicos para cubrir otras necesidades sociales también fundamentales (como la sanidad, las pensiones o la atención a la dependencia), el reto para las administraciones educativas "es resolver el sudoku al que van a enfrentarse en los próximos años".