El BOE publica este sábado la ley que pone freno al ‘spam’ telefónico
- La norma entrará en vigor este domingo y obligará a identificar las llamadas comerciales
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado la ley de atención a la clientela, una normativa que promete acabar con las llamadas comerciales no deseadas, las renovaciones de contrato sin consentimiento y las reseñas falsas en internet.
La ley, que entrará en vigor este domingo, fue aprobada el pasado 11 de diciembre por el último pleno del Congreso de los Diputados de este año, tras iniciar su tramitación en 2011 y necesitar más de una década para culminar su recorrido legislativo.
Con esta legislación, las empresas estarán obligadas a identificar sus llamadas comerciales con un código numérico específico, mientras que los operadores de telecomunicaciones deberán bloquear aquellas que no cumplan con estos requisitos. La Administración Pública será la encargada de validar previamente los protocolos y patrones técnicos que desarrollen los operadores para detectar este tipo de comunicaciones.
La norma también busca garantizar que el 95 % de las llamadas sean atendidas en menos de tres minutos de media y establece que la atención no podrá prestarse únicamente mediante contestadores automáticos o sistemas de inteligencia artificial, ya que siempre deberá existir la opción de hablar con un operador humano.
Asimismo, las reclamaciones de los clientes deberán resolverse en un plazo máximo de 15 días y se pretende poner fin a los gastos de gestión ocultos.
Otro de los puntos más destacados obliga a las empresas de más de 250 empleados o con una facturación superior a 50 millones de euros a ofrecer atención a la clientela en las lenguas cooficiales como catalán, euskera o gallego, en las comunidades donde estas tengan ese estatus. Este ha sido el aspecto más polémico de la norma y contó con la oposición del Partido Popular.
La normativa ha generado críticas por parte de la patronal DigitalES, que considera que la ley no acabará con las llamadas comerciales no deseadas, al excluir de la obligación de identificación a comercializadoras de luz, gas o telefonía con menos del 5 % de cuota de mercado.
Además, la patronal ha advertido del riesgo de que se bloqueen llamadas comerciales permitidas por la ley, ya que los sistemas se basarán en criterios técnicos que, a su juicio, no permitirán discriminar con claridad si una llamada es comercial o si cuenta con el consentimiento del consumidor.
