Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal que concertaba matrimonios de conveniencia entre españoles y extranjeros en situación irregular, según ha informado la Dirección General de Policía.Así, los integrantes de este grupo asesoraban a inmigrantes irregulares sobre los pasos a seguir para la obtención de las tarjetas de residencia e incluso, en alguna ocasión, actuaban como testigos de las uniones matrimoniales. También se dedicaban a la falsificación de tarjetas de identidad de extranjeros, DNI, carnés de conducir, libros de familia, certificados del Registro Civil o contratos de trabajo.
Durante la operación se ha detenido a 17 personas y se ha procedido al registro de 11 domicilios donde se han incautado numerosos documentos falsos y gran variedad de instrumentos y material para elaborar las falsificaciones. La organización se asentaba en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Parla. La investigación comenzó el pasado mes de enero en Cádiz cuando se detectó que una ciudadana española, de origen ecuatoguineano, había ejercido el derecho de agrupación familiar en 15 ocasiones diferentes. De este modo, sus parientes habían solicitado un visado para viajar a España y beneficiarse así de la condición de familiar de ciudadano comunitario.
En el curso de la investigación los agentes analizaron las solicitudes presentadas y comprobaron que varios de los documentos aportados eran falsos. Asimismo, constataron que la mujer formaba parte de un grupo organizado y realizaba de manera habitual estas actividades ilícitas. Por ello, a partir de esta información, los investigadores averiguaron que la falsificación de documentos era solamente una parte de su ocupación principal, favorecer la inmigración ilegal.
MODUS OPERANDI
La red actuaba en todo el territorio nacional, si bien su centro de operaciones estaba ubicado en las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz y Parla.Varios de los miembros de la banda se encargaban de captar a ciudadanos españoles que, previa contraprestación económica, accedían a contraer matrimonio con extranjeros que se encontraban en situación irregular en España. De esta forma, estos últimos adquirían todos los derechos de los ciudadanos comunitarios.
La red, además de poner en contacto a los contrayentes, les proporcionaban todos los documentos falsos que estos debían aportar para la tramitación de los expedientes matrimoniales o de pareja de hecho.
DOCUMENTOS 'A LA CARTA'
Además de elaborar los papeles necesarios para la tramitación de los matrimonios de conveniencia, la red elaboraba, bajo pedido y previo pago, todo tipo de reproducciones de distintos documentos para financiar su actividad delictiva.Las copias generadas eran de buena calidad debido a la especialización de algunos de los miembros del grupo y a las herramientas utilizadas.
La operación culminó con la detención de 17 personas (ocho en la provincia de Madrid, siete en Valencia, uno en Palma de Mallorca y uno en San Sebastián) y 11 registros domiciliarios en Valencia, Palma de Mallorca, San Sebastián, Jerez de la Frontera, y varias localidades de la Comunidad de Madrid.
Además, los agentes se incautaron de numerosos documentos falsos listos para su venta y diverso material para la elaboración de los mismos tales como máquinas plastificadoras y termo selladoras, ordenadores portátiles, CPUs, pen-drives, impresoras, sellos húmedos de la República de Guinea Ecuatorial, sellos fechadores, botes de tintas indelebles, pegamentos específicos para papel, fijadores de tintas, láminas plásticas preparadas para el laminado de documentos, pegatinas circulares con las dimensiones de los sellos de seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores español y soportes en blanco.
La investigación ha sido realizada por la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, las Brigadas Provinciales de Cádiz, Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y Guipúzcoa, las Comisarías Locales de Alcalá de Henares, Parla y Torrejón de Ardoz y el Grupo I de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial.
