Un total de 54 personas que integraban una red dedicada al narcotráfico y al blanqueo de los capitales generados han sido detenidas en Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, en una macrooperación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la que se han decomisado 330 kilos de cocaína.
Según han informado ambos cuerpos, además de la droga se han intervenido también 1,5 millones de euros en efectivo, doce armas de fuego, joyas y 16 coches de gama alta, mientras se han bloqueado 32 bienes inmuebles relacionados con la trama, valorados en unos 7 millones de euros, y numerosas cuentas bancarias.
La droga era trasladada hasta España vía marítima desde Sudamérica, oculta en contenedores o cargamentos de frutas, o vía aérea mediante mulas humanas. El dinero obtenido con el tráfico ilícito de drogas era blanqueado a través de testaferros que regentaban empresas legalmente constituidas, con el asesoramiento y connivencia de dos gestorías y una entidad bancaria.
La mayoría de las detenciones se produjeron en la provincia de Barcelona (26), seguida de Valencia (14), Tarragona (7), Girona (2), Murcia (2), Castellón (1), Alicante (1) y Madrid (1).
'OPERACIÓN HÉRCULES'
La denominada Operación Hércules se inició en el mes de marzo de 2011 al detectarse una importante organización con infraestructura suficiente para la importación, almacenamiento y posterior distribución de grandes cantidades de cocaína. Además, el mismo grupo habría creado una trama para blanquear gran parte del dinero obtenido con el narcotráfico.
Dentro del seguimiento de esta organización se produjo, en agosto del pasado año, la incautación de 206 kilos de cocaína en el puerto de Valencia, ocultos en el interior de un contenedor procedente de Panamá.
La investigación destapó una estructura destinada al blanqueo que la banda poseía en Barcelona y que se basaba en la explotación de empresas legales dedicadas a la venta de fruta, adquisición de viviendas, locales y vehículos. Para el blanqueo de capitales, la organización utilizaba diversos testaferros y contaba con la colaboración de dos gestorías y una entidad bancaria.
La finalidad era revestir todas las operaciones mercantiles de apariencia legal y poder cambiar billetes de curso legal de pequeño valor por otros de quinientos euros.
Dentro de la Operación Hércules se han practicado 18 registros en domicilios, empresas, oficinas o naves industriales, que han tenido lugar en las provincias de Barcelona (13), Castellón (1), Valencia (2) y Murcia (2), que han permitido conocer el grado de organización del grupo ahora desarticulado, así como elevado tren de vida llevado por el máximo responsable y su esposa, principalmente.
El máximo dirigente de la banda ejercía una violencia extrema con el objetivo de dificultar la acción de la justicia y había implantado sofisticadas medidas de seguridad y autoprotección en los desplazamientos y encuentros. Así, el grupo cuidaba al máximo las comunicaciones entre sus miembros, con cambios continuos de teléfonos móviles y la encriptación de sus mensajes.
Algunos de los miembros de la banda iban armados, armas que fueron empleadas en alguna ocasión en enfrentamientos con otros grupos de narcotraficantes. Un hombre detenido en la provincia de Murcia era el responsable de suministrar las armas y municiones.
Tras pasar a disposición judicial, el juez ordenó el ingreso en prisión de 32 de los detenidos y la libertad con cargos para el resto. A los detenidos se les imputan presuntos delitos de tráfico de estupefacientes, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.
La investigación ha sido realizada por agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial de Barcelona, Valencia y Murcia, Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con la colaboración del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Sabadell (Barcelona), todos ellos pertenecientes de la Policía Nacional.
También han participado en esta operación el Equipo Contra el Crimen Organizado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil con sede en Alicante y la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIFI) de la Guardia Civil del Puerto de Valencia.
