La Guardia Civil de Ciudad Real y la Policía Nacional de Madrid han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de marihuana y drogas de diseño, prostitución, falsificación de productos, extorsión y robos con violencia. Se ha procedido a la detención de 121 personas e investigación de otras 7 más, la mayoría de ellas de origen chino, dentro de la operación 'Canito Alfa-Brexit'.
Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en septiembre de 2016, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que ciudadanos de origen chino afincados en Madrid podrían estar comprando al por mayor sustancias estupefacientes a varios ciudadanos españoles en varias provincias del territorio nacional, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Fruto de varias indagaciones los agentes pudieron comprobar que el grupo de ciudadanos españoles que vendía marihuana, se trataba de delincuentes conocidos por los investigadores, en su mayoría con numerosos antecedentes policiales por tráfico de drogas. Los agentes detectaron algunas ventas en varias localidades de la provincia de Ciudad Real, siendo el destino final de la droga la exportación a varias ciudades de Europa, entre los países más destacados estarían el Reino Unido, Bélgica e Italia. Debido a que los hechos fueron cometidos en demarcaciones de Guardia Civil y Policía Nacional, se creó un grupo de trabajo compuesto por ambos cuerpos policiales, con el objetivo de desarticular la organización criminal.
Conforme avanzaban las investigaciones fue descubriéndose la implicación en los hechos investigados de un gran número de personas que integraban una organización criminal en red, perfectamente organizada, estructurada y descentralizada y con una división clara y bien definida de los roles, tareas y funciones que cada uno de los integrantes debía de cumplir. Los jefes, ciudadanos de origen chino residentes en su mayoría en países extranjeros de ámbito europeo, viajaban puntualmente a España para adquirir droga; los intermediarios conseguían proveedores de sustancias estupefacientes a los denominados 'jefes'.
Por su parte, los empresarios, ciudadanos de origen chino asentados en España, administradores de sociedades mercantiles con domicilio social en el Polígono Industrial Cobo Calleja, disponían de grandes cantidades de dinero, proveniente de la evasión fiscal, para financiar el tráfico de drogas a los jefes.
Los transportistas realizaban todas las funciones de logística para posteriormente llevar a cabo el envío de la sustancia estupefaciente por medio de empresas de paquetería postal y los productores eran encargados de cultivar marihuana en distintos puntos de la geografía española como Ciudad Real, Toledo, Madrid, Avila, Almería, Cáceres y Badajoz.
140 MILLONES DE EUROS
Durante la investigación los agentes corroboraron como la organización criminal tenía una demanda de marihuana muy elevada, llegando a exportar un promedio de 500 kilogramos de cogollos de marihuana a la semana, lo que supondría un valor de mercado de unos 140.000.000 euros.
Durante los veinte meses que ha durado la investigación, los agentes descubrieron que el tráfico de marihuana a gran escala no era su principal medio de lucro ilegal, sino que la organización estaba dividida en seis células, cada una de ellas compuesta por un jefe y con diferentes tipologías delictivas y zonas de actuación.
Una de ellas se dedicaba a la distribución de drogas sintéticas introducidas desde Holanda, dicha distribución se realizaba en cinco chalets clandestinos y karaokes de varios lugares de la comunidad de Madrid (Usera, Parla, Leganés y Getafe), donde la organización explotaba a diez mujeres de nacionalidad china. Otra de las células se dedicaba a la inmigración ilegal, su objetivo era regularizar fraudulentamente a las mujeres de origen asiático que posteriormente explotaban sexualmente en los chalets.
Además, existía otro grupo de personas que extorsionaban a comerciantes chinos que habían solicitado préstamos de dinero a la organización, posteriormente la célula les exigía una cantidad económica superior a la que habían pactado, mediante agresiones físicas o cometiendo algún robo con violencia. También existía otra célula encargada de la falsificación de productos que se distribuían en bazares y tiendas.
Una vez que se obtuvieron las pruebas e indicios que incriminaban a los investigados, se procedió a solicitar de la Autoridad Judicial los correspondientes registros domiciliarios, de manera que se realizaron 88 registros en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Madrid, Avila, Almería, Cáceres y Badajoz.
En ellos se intervinieron 40.000 plantas de marihuana, 1.900 kilogramos en cogollos de marihuana dispuestos para su venta, 2 kilogramos de cristal (MDMA) ocultos en varios botes de leche infantil procedentes de Holanda, 2 kilogramos de hachís, 500 gramos de cocaína, 120 dosis de ketamina, 200 pastillas de éxtasis, 50 dosis de polvo de ángel, 40 dosis de una droga nueva denominada 'té', una fábrica dedicada a la elaboración y falsificación de baterías de litio y pendrive USB.
Así como un taller clandestino de falsificación de pantallas y otros componentes de telefonía móvil, prensas hidráulicas para adulterado de cocaína, 150 kilogramos de sustancia de corte, un cetme, fusiles, armas de avancarga, dos armas de fuego cortas, 16 vehículos de alta gama, una motocicleta y 275.000 euros en metálico. La operación ha sido llevada a cabo en 9 fases, desde el día 12 de septiembre del año 2016 hasta la culminación de la misma el 22 de mayo del presente año. Las diligencias instruidas, han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcázar de San Juan.
