El Pleno del Congreso de los Diputados acordó con el respaldo de todos los grupos la toma en consideración de una proposición de ley del PP de reforma del Código Penal en materia de imprudencia al volante y abandono del lugar del accidente.
La proposición prevé la introducción por primera vez en el Código Penal del delito de abandono del lugar del accidente, crea nuevos supuestos de imprudencia grave (como consumo de alcohol y estupefacientes) y se eleva la pena para este tipo de conductas.
Esta iniciativa del PP es la respuesta política a la campaña de la plataforma '#PorUnaLeyJusta', emprendida por una mujer, Anna González, cuyo marido murió atropellado por un camión cuando iba en bicicleta. A este hombre, el causante del siniestro le abandonó en el lugar del accidente, pero el Código Penal vigente le dejó impune, algo que ahora la propuesta del PP corregirá cuando finalice su andadura parlamentaria.
Todos los grupos parlamentarios han avanzado su disposición a dar luz verde a la tramitación de una proposición de ley orgánica con la que se busca modificar el Código Penal y ampliar de los actuales cuatro años hasta los nueve las penas de cárcel en caso de imprudencia grave frente a los atropellos, considerando entre ellas la omisión de socorro en carretera.
La intención de este texto, según ha explicado el defensor del texto, el diputado del PP Pablo Matos, es unificar la valoración de imprudencia grave en un accidente de tráfico, porque, ahora, es el juez de forma individual quien decide si la imprudencia es grave, menos grave o leve, de acuerdo con las circunstancias concurrentes en el hecho. Así, con estos cambios cualquier conducción que atente contra la integridad de las personas, cometiendo un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad o cuando se hace bajo la influencia de drogas o del alcohol, "siempre" será imprudencia grave y "no cabrá margen de interpretación".
Por otra parte, abre la posibilidad de permitir al juez que pueda elevar la pena por encima del máximo actual en los casos de imprudencias graves con resultado de varias víctimas, de forma que en el supuesto de un conductor que como resultado de un atropello a un grupo de peatones o ciclistas cause varios muertos, pueda imponérsele una pena de hasta nueve años de prisión, frente a la legislación actual, que establece una condena máxima de cuatro años de cárcel.
SE PENA EL ABANDONO EN CASO DE MUERTE
Matos ha explicado también, que esta propuesta introduce la eliminación de la regla por la que con el Código Penal actual, cuando un conductor comete un delito contra la seguridad vial que además produce resultados lesivos o muerte, sólo es castigado por la infracción más grave. Con la reforma, se posibilitaría que todas las infracciones del conductor previas al accidente se puedan sancionar de forma independiente, permitiendo una mayor pena si concurren las circunstancias para hacerlo.
También se introduce el delito de abandono del lugar del accidente cuando hubiera previsiblemente víctimas graves o mortales. Se pena además, el abandono aunque el conductor implicado nada pueda hacer por la víctima que hubiera fallecido y por tanto no pueda socorrerla, al considerar que se trata de una conducta dolosa e independiente del delito imprudente previo.
Se sanciona así la maldad intrínseca al abandono de quien sabe que deja atrás a alguien que pudiera estar lesionado o incluso fallecido. "Hasta ahora, el delito de omisión de socorro exigía el desamparo manifiesto de la victima", ha explicado el 'popular', de forma que si el conductor abandona ala víctima y ésta ha fallecido no será condenado.
APOYO DESDE LA OPOSICION QUE AUGURA CAMBIOS
Durante el debate, en el que la protagonista ha sido Ana González, impulsora de esta modificación después del fallecimiento de su marido atropellado por un camión, la oposición ha dado de forma unánime su apoyo a la tramitación de esta ley, aunque en su mayoría también han hablado de que se harán cambios en el texto.
Desde el PSOE, su portavoz en materia de Seguridad Vial, Pablo Bellido, ha señalado que esta reforma llega para calmar la "alarma social" y la presión que colectivos y asociaciones han realizado al Gobierno. Pero, a su juicio, esta medida "no va a abordar el problema principal que trajo la despenalización de la imprudencia leve de la reforma del Código Penal de 2015" que es, la "desprotección" de las víctimas frente a las aseguradoras.
En este sentido también se ha pronunciado la portavoz de Unidos Podemos, Rosa Martínez, quien ha propuesto tres modificaciones jurídicas además de esta ley: un procedimiento especial para reclamación de daños y perjuicios de accidentes de tráfico; revisar el sistema de valoración de daños; y revisar la ley del contrato de seguros. Todas ellas tienen el objetivo, según ha apuntado Martínez, no alargar el sufrimiento de las víctimas frente a las aseguradoras.
Su homóloga de Ciudadanos en materia se Seguridad Vial, Irene Rivera, también ha reconocido que "hay mucho que modificar" porque es "una ley sacada a la carrera". A su juicio, "debería ir más lejos", al punto anterior a que se produzcan los accidentes. Rivera ha explicado que la mayoría de los accidentes con ciclistas implicados también los son con conductores que consumen al volante.
RETOCAR "UNA CHAPUZA"
Así, propone "conjugar tramos concentración de accidentes con ciclistas y tramos de concentración de accidentes por consumo de alcohol y droga, dando con los lugares de mayor riesgo y así poder prevenir".
Desde PDeCAT, PNV y ERC también han mostrado su apoyo a este texto, aunque han reconocido que no están de acuerdo con la solución del endurecimiento punitivo. Para la portavoz de ERC, Ester Capella, existen otras medidas que se verán reflejadas en sus enmiendas, cuando se inicie la tramitación. También el representante del PNV, Mikel Legarda, critica que el PP se haya "olvidado" de medidas educativas y preventivas.
