Las comunidades autónomas podrán no incluir a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales o específicas de aprendizaje en la prueba final de sexto de Primaria, que debe llevarse a cabo con carácter muestral este curso durante los meses de mayo y junio.
Así lo recoge el proyecto de orden ministerial que determina las características generales de las pruebas de la evaluación final de Primaria y de ESO para este curso 2016-17 y que lleva fecha 7 de marzo.
Ese punto ha sido criticado por el Consejo Escolar del Estado, que ha considerado que "las posibles exclusiones reguladas en este apartado podrían incidir negativamente en el establecimiento riguroso del diagnóstico sobre la situación real" y pueden quedar "alterados" los datos resultantes.
La evaluación final de sexto curso de Educación Primaria, diseñada en la Lomce, pasó a ser una prueba muestral con finalidad diagnóstica de acuerdo al real decreto que modificó el calendario de aplicación de la citada norma.
El máximo órgano consultivo del Estado en materia educativa señala en su dictámen -tras la reunión de su Comisión Permanente el pasado 4 de abril- que no está de acuerdo con el hecho de que las administraciones educativas "puedan o no alterar el marco muestral de la evaluación excluyendo o no a determinados tipos de alumnado dificulta la comparación de los resultados de la evaluación".
Y sugiere al Ministerio de Educación que suprima el apartado que recoge las posibles exclusiones de alumnos. Además, pide precisar qué número es el "suficiente" de alumnos para obtener datos representativos sobre esta prueba de sexto de Primaria, ya que el proyecto ministerial no lo aclara y ello puede afectar a la hora de "establecer comparaciones homogéneas".
El dictámen del Consejo sobre las pruebas de la evaluación final de Primaria y Secundaria fue aprobado pero tiene los votos particulares en contra del sindicato de docentes STES y la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).
Entre las causas que alega STES para su voto negativo está precisamente el que en las pruebas de este curso no se tiene en cuenta al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo pues en ellas, por ejemplo, "ni siquiera se contempla que algún estudiante requiera adaptaciones de acceso, organizativas o curriculares".
Ceapa comenta, por su lado, que estas evaluaciones se centran en "competir, en perder o ganar, con lo que se busca seleccionar al alumnado, segregarlo". En cuanto a la materia sobre Competencia Lingüística, el Consejo Escolar recomienda en su dictámen reconsiderar el artículo que permite que las comunidades integren en una sola escala (de puntuación) el resultado de la Lengua Castellana y Literatura, la Lengua extranjera y en su caso la Lengua cooficial.
De darse el resultado de forma integral "resultará complejo lograr un diagnóstico preciso de la situación de cada una de las lenguas afectadas" así como de su comparación en todo el ámbito del Estado, según este órgano.
Por otro lado, en cuanto a las especificaciones de las materias de cuarto de la ESO, en relación a la Competencia Lingüística, el Consejo ha observado que no consta la Lengua Castellana en el bloque de contenidos titulado "Comunicación oral: escuchar y hablar".
Sin embargo, ese bloque sí aparece en el bloque dedicado a la Primera Lengua Extranjera y respecto a lo que determinen las comunidades para la Lengua Cooficial. El Consejo cree que se "debería reconsiderar" que no aparezca el citado bloque en la Lengua Castellana e incluir los estándares de aprendizaje que se refieran al mismo.
También respecto a la prueba de ESO, el Consejo sugiere que cada prueba comprenda un máximo de 15 preguntas. STES y Ceapa destacan que con estas pruebas se lanza un mensaje de "desprestigio" sobre el profesorado. Los docentes ya "realizan adecuadamente" la evaluación de los alumnos de Primaria y ESO y, por ello, estas pruebas "significan una nueva minusvaloración del trabajo sistemático que realiza el profesorado", según STES.
También este sindicato critica que se dedique "un tiempo extraordinario" a la preparación de "esas pruebas", que se convierten en un objetivo y no en un medio. Y Ceapa añade que estas pruebas deben ser rechazadas porque, además, se incrementa el gasto en el sistema educativo para pagar a entidades privadas "a las que se encargan este tipo de pruebas".
