Bruselas fija condiciones para limitar plataformas como Airbnb y segundas viviendas en zonas tensionadas

La Comisión Europea ha ofrecido a las autoridades locales un marco legal para aplicar restricciones a plataformas de alquiler de corta duración como Airbnb y a la compraventa de segundas viviendas en zonas tensionadas. Bruselas aclara que estas políticas deberán ser proporcionadas, justificadas con datos y limitadas en el tiempo.

La propuesta, incluida en la nueva Ley de Vivienda Asequible, no establece un listado de medidas válidas de forma automática. La Comisión insiste en que todo dependerá del análisis caso por caso, del diseño de la medida, su objetivo y su impacto real en el mercado inmobiliario.

Las autoridades deberán demostrar que la actividad regulada provoca un efecto adverso significativo en la vivienda, ya sea por su escala, frecuencia o carácter comercial.

Para aplicar restricciones, los municipios tendrán que acreditar que las tensiones en el mercado se mantienen durante al menos tres años, que la respuesta es proporcionada y que no existen alternativas menos restrictivas igual de eficaces.

Además, toda política deberá respetar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales, y estar limitada a zonas declaradas como 'tensionadas', por ejemplo cuando el coste de una vivienda supera los ingresos netos de ocho años.

Las medidas tendrán un límite temporal de cinco años, revisable mediante nuevas evaluaciones. Bruselas subraya que estas restricciones no pueden sustituir políticas estructurales como la construcción o renovación de vivienda.

En cuanto a las segundas residencias o viviendas desocupadas, la Comisión pide claridad jurídica y recuerda que las condiciones vinculadas a la compra no pueden aplicarse con carácter retroactivo. También exige contemplar situaciones como ausencias prolongadas por trabajo o ingresos hospitalarios.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, defendió que "cuando el mercado no logra proporcionar algo tan fundamental como un hogar asequible, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de actuar".

"Con la Ley de Vivienda Asequible, estamos brindando seguridad jurídica a las autoridades locales, permitiéndoles tomar medidas y abordar uno de los mayores problemas de nuestro tiempo"

Según el último Eurobarómetro, más del 50% de los habitantes de ciudades europeas consideran la vivienda un problema inmediato y urgente. En Madrid, por ejemplo, de cada 100 viviendas disponibles en alquiler de larga duración, 40 están en el mercado de corta duración.

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, añadió que, aunque la construcción de vivienda nueva y la renovación del parque existente "siguen siendo esenciales", la UE debe abordar de forma urgente el acceso a la vivienda y "aprovechar las ya existentes".

"La vivienda no es una mera mercancía. Es un derecho y un pilar fundamental de la dignidad humana. Los europeos deberían tener la posibilidad de vivir, trabajar y permanecer en los lugares que consideran su hogar. Deberían poder encontrar una vivienda asequible y digna en el lugar donde deseen construir su vida"