El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar a la Infanta Cristina y a los otros 17 procesados del caso Nóos, resolverá antes del 9 de febrero si aplica la doctrina Botín sobre la hermana del Rey Felipe VI y evita de este modo que sea juzgada por los dos delitos fiscales que le atribuye Manos Limpias.
Ello no ha impedido, sin embargo, que en esta primera jornada del juicio, celebrada este lunes, se sentase en el banquillo de los acusados. La sesión ha finalizado tras más de diez horas, durante las cuales las partes han aportado nuevas pruebas y han dado a conocer sus propuestas.
Justo al término de la jornada, la Sala ha informado a las partes de que será antes del 9 de febrero cuando se reanude el juicio con el interrogatorio de los acusados, cuando decida si atiende a la petición de la defensa de la Infanta y la Fiscalía Anticorrupción de que le sea aplicada la anterior doctrina.
Durante su intervención, el fiscal Pedro Horrach ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta es el archivo de su imputación, al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, y Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen".
Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".
Más en concreto, se ha referido al artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que insta a archivar las pesquisas para quien así lo solicitan Fiscalía y acusación particular. De hecho, tal y como ha abundado, el artículo 124 de la Constitución "otorga al Ministerio Fiscal la misión de defender la legalidad, y ello incluye el cumplimiento del artículo 782 de la LeCrim en sus estrictos términos".
Para reforzar sus alegatos, el fiscal ha expuesto un caso "idéntico" al de la Infanta, en el que la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que la acusación popular no podía por sí sola abrir el juicio oral contra las personas que no eran objeto de acusación ni por el Ministerio Fiscal ni por la acusación particular a raíz de la supuesta comisión de un delito contra la Hacienda pública.
Por su parte, el abogado Jesús María Silva, defensor de doña Cristina, ha solicitado en esta misma línea que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la doctrina Botín, y ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta, dictado por el juez José Castro en diciembre de 2014, al aseverar que Manos Limpias "no puede sostener en solitario la acusación contra Doña Cristina".
El letrado ha reclamado así que se dicte el archivo de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin y, en esta línea, ha apuntado que, "para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS al respecto".
"No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".
Horrach ha aportado asimismo un nuevo informe que refuerza su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.
Tal y como ha expuesto el fiscal, el informe, elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, avala el hecho de que "no se puede trasladar al ámbito penal lo que no supone una infracción administrativa".
CALENDARIO ESTABLECIDO
De acuerdo al calendario actualmente establecido, el primero de los acusados en declarar, el 9 de febrero, será el exdirector general de Deportes del Govern balear José Luis 'Pepote' Ballester -uno de los 'arrepentidos' en este proceso-, a quien seguirán el exgerente de la Fundació Illesport Gonzalo Bernal, el del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, el exasesor jurídico de esta entidad Miquel ?ngel Bonet y Matas.
Tras ellos, está previsto que durante los siguientes días comparezcan el excontable del Instituto Nóos Marco Antonio Tejeiro, el exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) Jorge Vela, la exdirectora de gestión Elisa Maldonado, el también exdirector José Manuel Aguilar, el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Valenciana Luis Lobón, la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres, éste y Urdangarin.
Finalmente, y a propuesta de Manos Limpias, la lista la componen, por orden, el exasesor jurídico Miguel Tejeiro, Alfonso Grau, y el abogado que habría ayudado a urdir una red de evasión fiscal a nivel internacional, Salvador Trinxet, y la propia Infanta, quien sería la última en declarar en caso de que se mantuviera este calendario y no se le aplicara la doctrina Botín.
CATALA DICE QUE LA FISCALIA DEFIENDEN LA LEGALIDAD
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado este martes que la Fiscalía y a la Abogacía General del Estado defienden el interés general y la legalidad, "y no los intereses de ningún particular en concreto", negando así que las instituciones pretendan defender la Infanta Cristina en el juicio por el 'caso Nóos'.
"Estoy totalmente en desacuerdo con ese enfoque", ha destacado, en declaraciones a los medios en unas jornadas en el Centro de Estudios Jurídicos. "La Fiscalía lo que lleva a cabo siempre es la defensa de la legalidad, exclusivamente, afecte a quien afecte, no es una tema de personas sino de respeto al ordenamiento jurídico", ha dicho.
En cuanto a la Abogacía del Estado, en este caso de la Agencia Tributaria, ha opinado que defiende sus intereses, los del conjunto de los ciudadanos y la legalidad. A su juicio, los argumentos utilizados el lunes por los abogados del Estado y la Fiscalía son los de la defensa del interés general y la legalidad, no "de ninguna persona en particular".
Eso sí, Catalá ha reconocido que la abogada del Estado pudo "generar algo de confusión" al decir que la frase "Hacienda somos todos" era un eslogan publicitario, pero ha subrayado que su reflexión era "más profunda que una frase". "Lo que dijo la abogada es que una cosa es un eslogan publicitario y otra es qué constituye el interés general de la Hacienda pública", ha dicho.
