La defensa de la Infanta apela a la "jurisprudencia consolidada" sobre la doctrina Botín

El abogado de Diego Torres, Manuel González Peeters, se ha ratificado ante el tribunal del caso Nóos en su petición de que se llame a declarar como testigo al Rey Juan Carlos, porque considera significativas las pruebas en las que se hace referencia a supuestas mediaciones en favor de su yerno.

Peeters ha señalado que para su estrategia de defensa sería relevante que se admitiese su solicitud respecto al anterior jefe del Estado, al que se ha referido como el "suegro del señor Urdangarin". También ha aludido a su "cuñado", el Rey Felipe VI. Ambos testimonios fueron requeridos en su escrito de defensa por el defensor de Diego Torres y su esposa, Ana María Tejeiro, pero fueron rechazados inicialmente por el tribunal.

La presidenta del tribunal, Samantha Romero, ha recriminado al abogado que la sala ha tenido "demasiada consideración" hacia él por la forma en la que presentó las pruebas documentales y testificales que pedía para el juicio.

"Precisamente no ha facilitado usted la ponderación de la sala de las pruebas que propone porque ha propuesto sin indicar a qué se refería la prueba, ha habido que analizar uno a uno para analizar la pertinencia", ha dicho la presidenta y ponente del tribunal de la sección primera de la Audiencia de Palma.

El defensor de Torres ha llamado la atención sobre el hecho de que el tribunal ha admitido algunos testigos pero no los documentos sobre los que les quería interrogar y viceversa, ha inadmitido testigos pero no la prueba documental sobre la que debería versar su declaración.

Según González Peeters no hay un solo documento o testigo que haya propuesto que no tenga relación e importancia sobre los hechos que se enjuician. El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha vuelto a pedir varios testigos que ya solicitó y ha asegurado que en dos de los documentos que ha admitido el tribunal la firma no es de su defendido.

Uno de ellos es un presupuesto de la empresa Aizoon supuestamente firmado por Urdangarin en el que, según el abogado, la firma no es suya y otro una factura de abril de 2006 sobre Juegos Europeos, que tampoco firmó.

Los abogados de cuatro de los cargos públicos valencianos que están acusados han pedido al tribunal que admita como prueba un informe sobre el retorno en términos de reputación que supuso para la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de Valencia la organización por parte del Instituto Nóos de las cumbres Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006.

Antonio Reyes, defensor del exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela, ha destacado que el informe establece una correspondencia exacta entre el coste y el beneficio obtenido. Vicente Grima, defensor del exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón, han incidido en que contabiliza la presencia en prensa que le reportaron a CACSA los eventos.

Luisa Gurillo, abogada de la que fue la responsable jurídica de CACSA, Elisa Maldonado, ha dicho que el informe indica que lo que esperaba obtener CACSA al suscribir los convenios del Valencia Summit lo obtuvo en repercusión mediática.

También la defensora del exdirector de CACSA, José Manuel Aguilar, la abogada Josefa Rosselló, ha pedido que se admita dicho informe pericial por ser "útil y pertinente" para acreditar el interés público de los convenios y que los acuerdos se suscribieron por CACSA en el marco de la normalidad y no porque dicha entidad careciera de mecanismos de control o de limitación económica como alegan las acusaciones.

La letrada ha señalado que CACSA suscribió otros convenios de colaboración para patrocinar eventos, sin que supusieran vulneración de la legalidad, que indican que aquellos acuerdos no obedecían exclusivamente a que Iñaki Urdangarin era yerno del Rey.

DOCTRINA BOTIN PARA LA INFANTA

El abogado Jesús María Silva, defensor de la Infanta Cristina, ha solicitado, durante el trámite de cuestiones previas que este lunes ha marcado el inicio del juicio del caso Nóos, que le sea aplicada a su patrocinada la "jurisprudencia consolidada" del Tribunal Supremo en torno a la denominada doctrina Botín, al considerar que la hermana del Rey Felipe VI no debe ser juzgada con la sola acusación del sindicato Manos Limpias -ni la Fiscalía Anticorrupción ni Hacienda presentan cargos contra ella-.

Durante su intervención en la vista oral, que juzga el presunto desvío de más de seis millones de euros públicos a través del Instituto Nóos, ha solicitado la nulidad de la apertura del juicio oral contra la Infanta, dictado por el juez José Castro en diciembre de 2014, al aseverar que Manos Limpias "no puede sostener en solitario la acusación en solitario contra Doña Cristina".

El letrado ha reclamado así que se dicte el archivo de la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin y, en esta línea, ha apuntado que, "para evitar que se vulnere la Ley, no pedimos que se aplique la doctrina Botín, sino la jurisprudencia consolidada del TS al respecto".

"Claro que hubo una sentencia inicial relativa al que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, que no fue sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popularí, pero luego otra, que sin contradecir la primera, la complementó, y otra más", ha incidido.

Es más, ha apuntado que hay siete pronunciamientos por parte de Audiencias Provinciales que avalan la anterior jurisprudencia, en alusión a diversos autos dictados por las dependencias judiciales de Toledo, Murcia, Madrid y Baleares que han aplicado este mismo supuesto.

"LA ÚNICA RESPUESTA JUDICIAL POSIBLE PARA LA INFANTA ES EL ARCHIVO"

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach, durante su intervención en la fase de cuestiones previas que han dado inicio al juicio del caso Nóos, ha subrayado que "la única respuesta judicial posible" para la Infanta Cristina es el archivo de su imputación.

La única acusación que sostiene el encausamiento de la hermana del Rey Felipe VI en este proceso es Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para la Infanta como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

El representante del Ministerio Público avala así el sobreseimiento del caso para Cristina de Borbón al aseverar que "la Fiscalía, que representa al Estado, ni Hacienda, aquí supuestamente perjudicada, han determinado que no hay hechos que la inculpen". Asimismo, ha subrayado que "no es posible orillar" la aplicación de la Ley en este sentido "amparándonos en la manida frase 'Hacienda somos todos'".

"No es posible que Manos Limpias supla el conocimiento ni la voluntad del perjudicado", ha remarcado Horrach, quien ha aseverado tajante que el Derecho penal "no está para discutir sobre pátinas, fachadas o pelajes" puesto que "las apariencias sólo son poses y espejismos".

LA INFANTA SE BENEFICIO DE LOS FONDOS DEFRAUDADOS

Pese a que el fiscal Pedro Horrach no ve indicios delictivos en el papel de la Infanta, sí considera que ésta se benefició de los fondos defraudados a Hacienda así como de los procedentes de la "apropiación de caudales públicos" por parte del Instituto Nóos, 837.683 euros de los cuales terminaron en manos de Aizoon, "realizándose con los mismos gastos de carácter personal y familiar" por parte del matrimonio.

El juez Castro culminó en diciembre de 2014 más de tres años de investigaciones en torno a la Infanta sentándola en el banquillo. Su nombre nombre apareció en el foco de las investigaciones del caso Nóos a finales de 2011, prácticamente desde el momento en que la Fiscalía apuntase a Aizoon -mercantil de la que la Infanta es copropietaria junto a su marido- como una de las empresas 'pantalla' que integraban el entramado societario dirigido a desviar los fondos obtenidos por parte del Instituto Nóos de las Administraciones públicas.

Por su parte el abogado Jaime Campaner, defensor del que fuera asesor fiscal de Urgangarín Salvador Trinxet -a quien igualmente sólo acusa Manos Limpias-, ha defendido igualmente la aplicación de la "doctrina Botín" en esta causa en aplicación del mandato legislativo, "sin darle más vueltas ni inventarse nada", porque a su juicio "nos dejamos deslumbrar" por la denominación de las doctrinas jurisprudenciales "pero se pasa por delante de que se trata de una norma de orden público que debe ser adoptadas de oficio por todos los tribunales de este país, ningún tribunal debe irse por las ramas y hacer interpretaciones que exceden del mandato del legislador".

"ABUSO" DE LA ACUSACION POPULAR

Campaner ha resaltado que la Fiscalía solicite la aplicación de esta doctrina cuando "si de algo peca Anticorrupción es de celo acusatorio", mientras que y "si de algo pecan las acusaciones populares es de abuso, y esa es la realidad que nos rodea".

El abogado del ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau, que es otro de los procesados en Nóos y al que sólo acusan Manos Limpias y el PSPV, ha destacado por su parte que a su cliente sólo le pide condena la acusación popular que integran un grupo de 8 ciudadanos particulares, ya que Manos Limpias no recurrió una decisión inicial de José Castro de procesar a su cliente, que fue posteriormente revocada. Defiende igualmente que su cliente sea levantado del banquillo en aplicación de la "doctrina Botín".

CUATRO ACUSADOS VALENCIANOS CUESTIONAN QUE LES JUZGUE LA AUDIENCIA DE PALMA

Paralelamente, los abogados defensores de cuatro de los acusados de Valencia -Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Elisa Maldonado y Jorge Vela- han dado inicio al juicio del caso Nóos cuestionando la competencia de la Audiencia de Palma para juzgarles. Los cuatro han señalado que deberían ser juzgados por la Audiencia de Valencia por considerar que no hay conexión entre los hechos punibles de los que están acusados y los que se pudieron cometer en Palma.

El fiscal Anticorrupción se ha opuesto a dicha petición al entender que el principal delito del caso es la malversación de dinero público de la comunidad autónoma de Valencia y Baleares, que se ha investigado tomando declaración a más de 200 personas, que deberían ser interrogadas de nuevo si se juzgaran en dos tribunales territoriales distintos.

TRINXET, GRAU Y MIGUEL Y ANA TEJEIRO NIEGAN LEGITIMIDAD ACUSACIONES POPULARES

Los letrados defensores del asesor fiscal Salvador Trinxet, el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro y de su hermana Ana María han cuestionado la legitimidad de las acusaciones populares para sentarlos en el banquillo del juicio del caso Nóos.

En la misma línea que la representación de la infanta Cristina, el abogado de Trinxet, Jaime Campaner, ha pedido al tribunal que "devuelva las aguas a la seguridad jurídica" aplicando el precepto que establece la imposibilidad de que la acusación popular, en su caso la ejercida por Manos Limpias, sostenga en solitario una imputación que no reclaman ni la fiscalía y acusaciones particulares.