La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir las diligencias previas en las que se investiga el borrado de los ordenadores del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas. El procedimiento desapareció después de que fuera archivado en octubre de 2013 cuando aún estaba pendiente de la resolución de recursos.
El tribunal considera que la decisión de sobreseer la causa se adoptó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación. El juzgado 32 asumió la investigación después de que el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional considerara que el caso no era de su competencia tras advertir que "la manipulación" de los datos contenidos en los dispositivos podía constituir un delito de encubrimiento o de daños informáticos.
NI DAÑO NI ENCUBRIMIENTO
Su titular decidió archivar provisionalmente la investigación hace casi año y medio al no apreciar daños, debido a que los ordenadores eran propiedad del PP aunque los usara el extesorero.
Precisaba que tampoco se podía hablar, por el momento, de delito de encubrimiento porque la Audiencia Nacional aún no ha condenado a Bárcenas y para que haya encubrimiento tiene que estar probado el delito. El archivo se produjo sin que la magistrada hubiera practicado prueba alguna ni tomara declaración a posibles imputados o testigos.
IU, ALA, Ecologistas en Acción y Federación los Verdes presentó la primera querella sobre este asunto en los Juzgados madrileños el 17 de octubre de 2013 y con fecha 30 de octubre de 2013, sin practicarse ninguna diligencia de averiguación, fue sobreseída.
Dicho sobreseimiento fue recurrido en apelación por las acusaciones, habiéndose producido el extravío de la causa en el traslado del expediente entre los juzgados de Madrid y el órgano judicial que debía resolver dicho recurso, la Audiencia Provincial de Madrid.
La querella se dirigió contra el propio PP como persona jurídica, al considerarle esta acusación penalmente responsable de los hechos. Es la primera querella que se presentaba en España contra un partido político, después de la reforma del Código Penal del pasado mes de enero de 2014 que lo hacía posible.
