Los peajes eléctricos subirán un 6,5% como parte de la reforma energética, lo que implicará un encarecimiento del 3,2% en el recibo final de la luz.
El Gobierno ha aprobado hoy un anteproyecto de una nueva ley del sector eléctrico que dará la "solución definitiva" para atajar el problema del déficit tarifario sin cargarlo de forma exclusiva a los consumidores, según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Sáenz de Santamaría ha destacado que la del sector eléctrico es una de las más importantes del programa nacional de reformas, que garantizará la fortaleza y la sostenibilidad financiera del sistema.
Junto al anteproyecto de ley, el Gobierno ha aprobado un real decreto de medidas urgentes, que aplicará mientras se aprueba el nuevo marco legal, para acabar con este desfase del sector eléctrico, generado al ser los ingresos del sistema insuficientes para cubrir los costes, que supera los 26.000 millones y que sigue generando 4.500 millones anuales de forma estructural.
"Es la reforma definitiva", ha afirmado Sáenz de Santamaría.
REDUCIR EL DÉFICIT TARIFARIO
El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha detallado cómo se logrará ajustar esta cantidad: 2.700 millones vendrán de la reducción de costes de las actividades reguladas (transporte, distribución y retribución a las renovables), 900 millones se pasarán a Presupuestos Generales y 900 millones más de los peajes, parte regulada de la tarifa eléctrica y que supone alrededor de la mitad del recibo.
Este incremento se traducirá en una subida del 3,2% en el recibo de los consumidores, que ahora pasarán a estar englobados en el concepto "precio voluntario al pequeño consumidor" en lugar de en la tarifa de último recurso o TUR.
En el capítulo de reducción de costes regulados, lo que cobran las empresas por estas actividades, Soria ha señalado que para las renovables, que dejarán de regirse por el mecanismo de primas, la rentabilidad, ligada a la inversión, será del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) y para las redes (distribución y transporte) del 6,5 % (bono a diez años más 200 puntos básicos).
Junto a estas menores rentabilidades, se reducirán los pagos por capacidad, lo que reciben algunas empresas por tener disponibles plantas de 26.000 euros por megavatio (MW) a 10.000 euros por MW, aunque lo cobrarán más años, de diez a veinte. Y se permitirá parar una cuarta parte de los ciclos combinados, unos 6.000 MW.
Asimismo, Soria ha señalado que se incluirá un mecanismo de estabilidad al sistema que ajustará de forma automática ingresos y costes.
Esta regla hará que con cada medida que conlleve un aumento de costes se elevarán en la misma proporción los ingresos, es decir los peajes que se cobran a los consumidores vía recibo de la luz.
Junto a esto, cualquier cambio en normativas autonómicas que conlleve sobrecostes para el sistema será asumido por los consumidores de esas regiones.
Soria ha afirmado que las empresas, que verán reducidos sus ingresos de forma considerable, "van a agradecer" la reforma con el paso del tiempo porque "introduce estabilidad y certidumbre".
Sobre la posibilidad de que las empresas emprendan acciones legales contra estos cambios, Soria ha dicho que están en todo su derecho pero que las medidas cumplen con los últimos dictámenes del Supremo y se rigen por la "rentabilidad razonable" que establece la ley.
Para el ministro de Industria esta reforma consigue "atajar de forma definitiva" el problema del déficit y evitar que se vuelva a repetir "con efectos tan nocivos" y con el "menor impacto" posible para el consumidor, reduciendo los costes con una retribución acorde a la ley y un marco regulatorio "estable y transparente".
El Gobierno completará la reforma con un paquete de reales decretos que irán a la Comisión Nacional de Energía (CNE).
LOS PEAJES PENALIZARÁN A LAS SEGUNDAS VIVIENDAS Y A LAS VACÍAS
La nueva estructura de peajes eléctricos aprobada este viernes por el Consejo de Ministros penalizará a las segundas viviendas y a las viviendas vacías, al tiempo que reducirá el coste sobre el consumidor medio, anunció el Gobierno.
Además se incluyen refuerzos en la lucha contra el fraude en la actividad de comercialización de electricidad y mantienen el descuento del bono social.
El Gobierno también ha cambiado la denominación de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR), a la que se acogen la mayor parte de los consumidores domésticos, que pasa a denominarse Precio Voluntario al Pequeño Consumidor.
La reforma también habilitará nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes, permitiendo además la competencia entre ellas, para ofrecer ofertas y descuentos. Además, se agiliza el proceso de cambio de compañía suministradora y se refuerzan los mecanismos de atención al cliente.
LAS ELECTRICAS ASEGURAN QUE LA REFORMA OBLIGARÁ A REDUCIR EMPLEO E INVERSIONES
Las eléctricas asociadas en Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural, E.ON y EDP) han avanzado que las medidas planteadas por el Gobierno, y que conllevan un recorte de 1.000 millones en sus actividades, les obligan a una "drástica reducción de empleo y a replantearse sus inversiones en España".
En un comunicado, la patronal de las grandes eléctricas señala que el mayor esfuerzo vuelve a recaer en el sector eléctrico tradicional, que asume un recorte total de 4.500 millones de euros en 2013.
Las medidas, subrayan, "vuelven a perjudicar de manera injusta y desproporcionada a las empresas de Unesa".
La patronal también critica la "insuficiente" aportación de los Presupuestos Generales del Estado a la resolución del déficit de tarifa, desfase generado entre los ingresos y los costes del sistema.
Desde Unesa rechazan las medidas y el reparto de esfuerzos asignado que, según sus cifras, supone que 1.000 millones recaigan sobre estas empresas lo que representa casi el 65 % del total.
El conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos, añade Unesa, supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico en el entorno de los 5.700 millones de euros en el presente ejercicio.
De esta suma, 3.600 millones corresponden a sus actividades tradicionales: generación en régimen ordinario, generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, transporte y distribución.
La patronal critica que ningún gobierno ha estado dispuesto a admitir que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías de Unesa, "procede de decisiones de políticas energéticas y sociales totalmente ajenas al coste del suministro eléctrico".
Las medidas, concluyen, agravan aún más la situación económico-financiera de estas eléctricas y hacen inviable el negocio de distribución.
"Estos recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España", advierten.
Junto a esto señalan que la reducción de los pagos por capacidad de las centrales de ciclo combinado "hace posiblemente inviable su continuidad".
