El exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez y su mujer pagaron 1,12 millones por una vivienda de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León de Madrid, adquirida mediante adjudicación directa en septiembre de 2025.
Iván Redondo, quien fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa, compró junto a su mujer una vivienda propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el barrio de Salamanca de Madrid por un precio muy inferior al valor estimado de mercado. Según publica 'Okdiario', el matrimonio abonó 1.120.921 euros por el inmueble, una operación que habría supuesto un ahorro de 466.679 euros respecto a su valoración de mercado.
El piso, situado en la calle Diego de León, tiene una superficie de 147 metros cuadrados. El precio de compraventa se situó en 7.625 euros por metro cuadrado, frente a los más de 10.800 euros que alcanzaba el metro cuadrado en esa zona, según los datos de Idealista citados por el diario.
La operación se formalizó ante notario el 16 de septiembre de 2025 y se realizó mediante adjudicación directa, sin subasta pública. Redondo pudo ejercer su derecho de adquisición preferente como inquilino de la vivienda, una posibilidad contemplada en la legislación de arrendamientos urbanos.
Una compra por debajo del precio de la zona
La diferencia entre el importe abonado y la estimación del valor de mercado asciende a casi medio millón de euros. Según los cálculos publicados, la vivienda habría alcanzado un precio aproximado de 1,58 millones de euros atendiendo a los valores inmobiliarios de la zona.
Para financiar parte de la adquisición, Redondo suscribió una hipoteca de 769.000 euros a 30 años. Tanto él como su esposa figuran como titulares de la vivienda al 50 %.
El edificio pertenecía a la Seguridad Social desde finales de los años noventa, después de haber pasado por organismos públicos anteriores. La Administración había incluido el inmueble en sus planes de optimización patrimonial, aunque la venta a Redondo se produjo décadas después de los primeros planes de enajenación.
La operación vuelve a poner el foco en la venta de patrimonio público y en los criterios utilizados para fijar los precios de los inmuebles que pasan a manos privadas, especialmente cuando su importe queda por debajo de las referencias del mercado inmobiliario de la zona.
