La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid ha decidido inhibirse y enviar a la Audiencia Nacional la causa judicial abierta a raíz de los altercados que tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre en los alrededores del Congreso de los Diputados, al entender que los detenidos podrían haber cometido delitos contra las altas instituciones de la Nación.
La magistrada ha dictado hoy un auto de inhibición en el que señala que ha decidido inhibirse "al ser los hechos constitutivos de un presunhto delito contra las instituciones del Estado".
La jueza, tras interrogar a los arrestados el jueves de la semana pasada, imputó a 33 de los detenidos un delito contra las altas instituciones de la Nación, una figura penal que es competencia de la Audiencia Nacional y no de los juzgados ordinarios.
De esta forma, el caso vuelve a la Audiencia Nacional después de que la semana pasada el juez Santiago Pedraz, que se encontraba de guardia, rechazase hacerse cargo de los detenidos.
RECHAZO DE LA AUDIENCIA
A pesar de la intención del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional de entregar a los arrestados a la Audiencia Nacional, Pedraz consideró que los hechos no eran competencia de este órgano jurídico. El magistrado explicó en una providencia que el atestado que la Brigada Provincial de Información le había remitido reflejaba delitos de atentado, lesiones, resistencia a la autoridad, desobediencia y desórdenes públicos pero no atribuía a los arrestados delitos contra las altas instituciones de la Nación. Este atestado fue finalmente ampliado por la policía, incluyendo el citado delito.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional también se opuso a que este órgano jurídico se hiciese cargo del caso, según informaron fuentes del Ministerio Público.
Si la Audiencia Nacional vuelve a rechazar el caso, se podría elevar un conflicto de competencia para que sea el Tribunal Supremo quien determine que órgano jurídico debe hacerse cargo de la causa judicial. Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron que Pedraz tomará una decisión en los próximos días.
ACTUACIÓN POLICIAL
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid también defiende en su auto la actuación de la policía. "Los cuerpos policiales del Estado establecieron un dispositivo policial de seguridad para salvaguardar el normal desarrollo de la sesión plenario del congreso, mantener el orden público y proteger la integridad así como la libertad de ejercer libremente sus cargos de diputados", señala la resolución dictada hoy.
La magistrada destaca además que Pedraz ha abierto diligencias contra ocho personas imputadas por promover las concentraciones que tuvieron lugar el pasado 25 de septiembre. Entiende la jueza que la apertura de esta causa hace que Pedraz deba asumir también el sumario por los altercados de la concentración.
CIFUENTES: RESPALDA LA ACTUACIÓN POLICIAL Y ASEGURA QUE LAS PROTESTAS DEBEN RESPETAR LAS LEYES
La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha dicho hoy que las manifestaciones deben hacerse "conforme a la Constitución y a las leyes" y ha respaldado la actuación de la Policía en todas las protestas de este tipo. La delegada del Gobierno se ha referido a la protesta "Rodea el Congreso" que tuvo lugar del sábado al domingo en las inmediaciones de la Cámara Baja, en la que fueron detenidos dos jóvenes.
Ha señalado que el derecho a manifestarse es "legítimo" pero que debe realizarse conforme a la Constitución y a las leyes. "Me parece que la Policía garantiza el Estado de Derecho, la seguridad y el orden público, y dentro de eso el derecho a manifestarse o de reunión son derechos constitucionales", ha dicho.
Cifuentes ha continuado afirmando que "el deber y la obligación de la Policía es garantizar el orden, la seguridad y proteger la Constitución y el Estado de Derecho y eso incluye proteger el Congreso de los Diputados".
Preguntada por las peticiones para su dimisión, la delegada del Gobierno en Madrid ha afirmado que ese derecho "es libre" pero que ella cumple con su "obligación".
