La intervención general del Estado avala las tesis de la juez Alaya para preimputar de nuevo al expresidente andaluz José Antonio Griñán. En un informe remitido a la magistrada afirma que no adoptaron las medidas para detener las irregularides que se estaban produciendo en las ayudas de los ERE fraudulentos mientras Manuel Chaves presidía la junta de Andalucía
Chaves, porque fue presidente de la Junta del año 90 al 2009 cuando se crearon las partidas sospechosas. Él dijo en la comisión de investigación en el parlamento andaluz que no sabía nada.
De 2004 a 2009 Griñán era consejero de Economía y Hacienda e hizo caso omiso a los repetidos informes de la Intervención de la Junta alertando del fraude, cosa que negó en aquella comisión de investigación.
En la red clientelar de los ere andaluces se pudieron llegar a malversar hasta 700 millones de euros, lo que le convierte en el mayor caso de corrupción de la historia de la democracia.
Por otra parte, la jueza Alaya toma hoy declaración a dos secretarias del considerado como cabecilla de la trama de los ERE, el ex director de empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. La juez imputó a ambas en junio de 2012, y en el caso de María Angeles Gala destaca que fue responsable de la secretaría de la Dirección General de Trabajo entre el 1 de enero de 2000 y el 24 de abril de 2009, fundamentalmente en la época de Guerrero, que fue responsable de esta Dirección General hasta el 28 de abril de 2008.
De este modo, añade que Gala "tramitaba" los expedientes en una tarea en la que colaboraba con ella Rocío Sayago, de manera que "preparaba resoluciones y órdenes de pago y tuvo presuntamente que conocer por razón de su trabajo la total ausencia de procedimiento de numerosos expedientes, el sistema de pagos cruzados, la acumulación de ayudas a las mismas empresas y la concesión supuestamente arbitraria de ayudas sociolaborales, ya mediante intrusos ya mediante la concesión de ayudas individuales".
