La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy que el primer grupo de 14 imputados por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) fraudulentos depositen fianzas por un importe total de 2.850.000 euros, equivalente a las cantidades percibidas por cada uno.
En una comparecencia celebrada en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Fiscalía ha expresado que dicha fianza debe responder por "las cantidades ilícitamente obtenidas" y ha precisado que solicitará la misma medida cautelar para todas las personas que en el futuro se demuestre que percibieron "enriquecimientos ilícitos".
Los abogados defensores de los "intrusos" se han opuesto a la fianza argumentando la "falta de conciencia de culpabilidad" de sus clientes y, en el caso de Rafael Rosendo, exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), su abogado ha argumentado que ya ha hecho un depósito judicial por los 112.900 euros percibidos.
Según el acta de la audiencia, a la que ha tenido acceso Efe, la mayor reclamación de Anticorrupción es para Antonio A.G., quien deberá depositar fianza por los 570.000 euros que recibió como beneficiario de una póliza de seguros.
Este acusado aseguró en su declaración ante la juez que es amigo desde hace 40 años del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, también imputado, pues ambos proceden de El Pedroso y que creyó tener derecho a las ayudas pues en el pasado había trabajado como minero y como cobrador en la taquilla de la piscina municipal.
El letrado de Francisco de Paula H.D., beneficiario del ERE de Saldauto pese a que nunca trabajó en la empresa, se ha opuesto a la fianza pues "no está acreditada la existencia de dolo o culpa en las acciones que se le imputan".
La letrada de Carmen F.G., una jubilada sevillana incluida en el ERE de Mercasevilla y del restaurante Río Grande, ha afirmado que su cliente no ha tenido "colaboración activa" en los presuntos delitos y además está pendiente de que la juez investigue la posible falsedad de su firma en la apertura de la cuenta bancaria en la que percibió las ayudas, que fue abierta por un vecino suyo, comercial de la aseguradora que tramitó los ERE.
La defensa de Alejandro M.T., un militante del PSOE de El Pedroso, ha afirmado que su cliente entendía que había obtenido "de manera legítima" los 455.508 euros que percibió de la Junta, y además ha precisado que comparte la opinión de la juez de que es un "agravio comparativo" imponer fianza a los "intrusos" y no a quienes les concedieron los fondos.
Los "intrusos" se ven obligados a "soportar anticipadamente la devolución de las ayudas" pese a su "precariedad económica y su dificultad de inserción laboral", según el abogado José Antonio Lama.
Fuentes del caso han indicado que la juez Mercedes Alaya, que investiga un centenar de ayudas irregulares, responderá en los próximos días a la petición de fianzas.
