El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha embargado la mitad indivisa del 'palacete' de Pedralbes, propiedad al cincuenta por ciento de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, después de que el Duque de Palma no hiciese frente en su día a la fianza de responsabilidad civil que le impuso el magistrado de forma conjunta y solidaria con su exsocio Diego Torres -por un importe de 8,2 millones al que posteriormente se le descontó el IVA-.
El magistrado ha dictado este lunes un auto mediante el que embarga no sólo la mitad del inmueble de Barcelona, sino también parte de otras viviendas que se encuentran a nombre de Urdangarin y que éste ofreció al Juzgado de Instrucción número 3 con el objetivo de cubrir, junto a los bienes correspondientes a Torres, la caución reclamada por el juez, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Tanto Urdangarin como Torres recurrieron el auto mediante el que fue decretada la fianza. En el caso del Duque, denunciaba haber visto vulnerado su derecho de defensa tras decretarse la caución, debido a la cual se vería abocado a un "injusto empobrecimiento".
En su auto de responsabilidad civil, al que tuvo acceso Europa Press, el juez Castro afirmaba que Urdangarin y Torres no son "los únicos criminalmente responsables" en el marco de estas pesquisas, al reprochar en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas de Baleares y la Comunidad Valenciana y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado.
En una resolución de 542 páginas, el magistrado llegaba a afirmar que se limitaba a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma aseveraba que los responsables de las instituciones balear y valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
EL JUEZ CITA A CAMPS Y BARBERA
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha citado a declarar en calidad de testigos, el próximo 16 de noviembre, al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (11.30 horas), y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (12.00), cuya comparecencia tendrá lugar en la capital valenciana y había sido reclamada por el sindicato Manos Limpias así como por la Fiscalía Anticorrupción.
En su interrogatorio, ambos deberán aclarar su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio y las dos addendas de los Valencia Summit por los que el Instituto Nóos percibió alrededor de 3,6 millones de euros públicos; así como en relación al convenio firmado por 382.203 euros para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos Juegos Europeos que nunca llegarían a celebrarse.
Manos Limpias cursó la petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. Así, rechazó asumir la competencia para instruir el caso, que finalmente quedó en manos del juez Castro.
Fue el pasado mes de junio cuando Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con los indicios delictivos que consideraba que pesan sobre Camps y Barberá en relación a los eventos organizados por el Instituto Nóos, presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin.
Más en concreto, Castro, que remitió el escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos, y a otro de fraude a la Administración.
Según la Agencia Tributaria, sólo en 2004 Nóos destinó a la preparación del primer Valencia Summit 194.436 euros, a pesar de que para ello había percibido un total de 1,044 millones públicos. Un año después, de los 1,5 millones que recibió, tan sólo gastó en facturas de la segunda edición 395.597 euros, mientras que en lo que a la tercera edición se refiere, el Instituto recibió 1,049 millones, de los que empleó 320.635 euros para el evento.
Así, hasta un total de 3,6 millones de euros recibió Nóos de la Administración pública valenciana en virtud del convenio de colaboración suscrito el 8 de septiembre de 2004 entre la entidad aparentemente sin ánimo de lucro, la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) y la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau (FVTCB), al que siguieron dos addendas más.
