La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, han convocado este lunes a los delegados del Gobierno de toda España con el objetivo principal de darles instrucciones sobre cómo afrontar los actos violentos que prevén que se puedan seguir produciendo en los próximos meses en manifestaciones, según han informado fuentes gubernamentales.
Con este encuentro, que se ha celebrado esta tarde en el Palacio de la Moncloa, se pretende mejorar la coordinación, unificar criterios e impulsar una especie de código de conducta común en toda España que evite que se repitan episodios como los de hace dos semanas en Valencia durante las protestas estudiantiles contra los recortes en Educación, que se saldaron con una veintena de detenidos.
El propio ministro del Interior, Jorge Fernández, reconoció públicamente que pudo cometerse "algún exceso" por parte de los agentes, aunque horas después matizó su declaración apuntando a los violentos como los culpables de estos excesos. También la delegada del Gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, anunció la apertura de expediente informativo para determinar si hubo "exceso policial" y "extralimitación" en esas manifestaciones.
Las imágenes sobre las cargas policiales contra los estudiantes no sólo provocaron un aluvión de críticas por parte de los partidos de la oposición, sino que sirvieron de mecha para que las protestas se extendieran a más ciudades españolas. A continuación, el Ministerio del Interior pidió a las Fuerzas de Seguridad que se extremase la prudencia, limitando a lo imprescindible las cargas policiales.
Uno de los temas que plantean expertos policiales es cómo afrontar y dar solución a la proliferación de manifestaciones y actos de protesta que no han sido comunicados ni autorizados previamente por las autoridades competentes.
Fuentes gubernamentales han admitido que se produjeron errores y quieren mejorar la coordinación para que no se vuelvan a repetir episodios como los de Valencia, que pueden "dañar" la imagen de España. De hecho, una de las principales preocupaciones en el Ejecutivo de Rajoy radica, no tanto en el coste político de las protestas, sino en cómo esas imágenes sobre la violencia pueden traspasar las fronteras y afectar a las inversiones en España, indican fuentes consultadas.
El periódico norteamericano 'The New York Times' ya abrió su portada del viernes con una foto sobre la violencia protagonizada en Barcelona por grupos antisistema durante una manifestación convocada por los estudiantes contra los recortes educativos.
En este contexto, desde el Gobierno se han lanzado numerosos mensajes apelando a la responsabilidad. Rajoy ha pedido que "todo el mundo" actúe con "mesura y sentido común".
LOS SINICATOS MADRILEÑOS CONFÍAN EN EL BUEN CRITERIO DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EVITAR CRISPACIÓN EN LAS MOVILIZACIONES DEL 11-M
Por su parte, los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, confían que el "buen criterio" de la Delegación del Gobierno contribuya a restablecer "la sensatez" y evitar cualquier crispación "intencionada e innecesaria" en torno a las movilizaciones del 11-M.
Ambos líderes sindicales han enviado a la delegada, Cristina Cifuentes, una carta en respuesta a la que ella les remitió la semana pasada para que reconsideraran la decisión de celebrar el 11 de marzo una manifestación contra la reforma laboral.
López y Martínez le "aclaran" las circunstancias que a su juicio motivan esta convocatoria y reconocen que, en el caso de sus organizaciones, valoraron la coincidencia de la protesta con los actos conmemorativos de los atentados de marzo de 2004, aunque las mantienen bajo el criterio de que la conmemoración del 11-M "nunca ha afectado al normal desarrollo de la vida ciudadana".
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han trasladado al día 12 los actos de conmemoración de esos atentados en varias estaciones de la ciudad que costaron la vida a 192 personas y heridas a casi 2.000.
