Primer paso para castigar a los responsables del cierre del espacio aéreo español. Esta mañana 12 controladores aéreos tenían una cita con la Fiscalía para explicar por qué abandonaron su puesto de trabajo el pasado viernes. Pero de su boca no ha salido ni una palabra. Se han negado a declarar alegando que al estar ahora bajo el control del Ejército, la competencia la tiene, a su juicio, la jurisdicción militar y no civil. Mañana están llamados a declarar otros 6 controladores, y el lunes, 8 más. Si todos se niegan a declarar, la Fiscalía podría no llamar al resto aunque la investigación seguirá su curso.
De momento el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido ya ha adelantado que pedirá penas de hasta 8 años de cárcel. Se enfrentan a un presunto delito de sedición, un cargo muy grave para el propio Pumpido. El Fiscal General, en una reunión en Zaragoza con los responsables de las fiscalías autonómicas quiere establecer un modus operandi común en los 20 procesos abiertos en toda España contra los controladores.
LOS CONTROLADORES SE DEFIENDEN
Por su parte los controladores aéreos aseguran que tienen parte de culpa del caos que sufrieron todos los aeropuertos españoles el pasado viernes 3 de diciembre. Pero también responsabilizan al Gobierno y a Aena. Afirman que "había controladores para que los aviones pudieran seguir volando" por tanto insisten en que el gestor aeroportuario tendrá que explicar su decisión de cerrar el espacio aéreo.
El sindicato USCA además ha recurrido ante el Tribunal Supremo los dos decretos aprobados por el Gobierno: el de militarización del colectivo y el del Estado de Alarma.
