El 'conseguidor' y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, uno de los principales imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, ha abonado la fianza de 200.000 euros que le impuso la juez Mercedes Alaya, por lo que saldrá de la cárcel de Sevilla I en las próximas horas, han informado fuentes judiciales.
Lanzas permanece en prisión desde el pasado 22 marzo por orden de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que le imputó cinco supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho dentro de la nueva línea de investigación abierta en la operación 'Heracles' por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras de las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
Según las fuentes consultadas por Europa Press, Lanzas ha pagado parte de los 200.000 euros de fianza mediante un aval presentado ante el Juzgado de Instrucción número 6, mientras que el resto lo ha abonado con un pago en metálico realizado en Jaén.
DENUNCIA DEL PP POR AYUDAS IRREGULARES DE LA JUNTA
El PP ha presentado una denuncia ante la juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, por dos acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de 2011 que concedieron dos ayudas de casi 126 millones de euros a los empleados de Delphi a pesar del informe contrario de la Intervención.
La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP andaluz, Alicia Martínez, ha subrayado hoy en rueda de prensa en Motril (Granada) que en una de las ayudas, por valor de casi 65 millones de euros, se concedió a pesar de que no había informe de fiscalización de la Intervención general de la Junta.
La otra ayuda, por casi 61 millones de euros, se otorgó con un informe de la Intervención contrario a la tramitación del ERE de Delphi, ha destacado Martínez.
Ambos acuerdos, fechados el 12 de julio de 2011 y el 7 de diciembre de 2011, están firmados por el expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el consejero de Empleo, Manuel Recio, pero no se publicaron en el BOJA a pesar de su cuantía, ha criticado la dirigente del PP.
Los acuerdos se produjeron "cuando ya había estallado el caso de los ERE y el mayor conflicto laboral de Andalucía amenazaba con estallar justo antes de las últimas elecciones autonómicas, que ganó el PP y en las que el PSOE tuvo un castigo importante", ha resaltado Martínez.
Ha explicado que la interventora firmó un informe advirtiendo de graves irregularidades en un ERE de 61 millones de euros, lo que trasladó al entonces viceconsejero de Empleo, y éste a la Consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, quien lo llevó al Consejo de Gobierno, que conoció las ilegalidades.
"A pesar de ello, el Gobierno andaluz acordó tramitar la póliza con el informe de intervención en contra", ha criticado Martínez.
El informe de disconformidad subraya que tiene efectos suspensivos por las deficiencias que expone y pone de manifiesto "el cúmulo de irregularidades, la falta de expedientes de cada trabajador, y la inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados, dos porque estaban en otras empresas y otras cinco personas que se consideran intrusos en los listados".
El otro acuerdo de Consejo de Gobierno autorizó a la Consejería de Empleo a refinanciar la póliza de seguros a favor de los extrabajadores de Delphi por importe de 64.800.981 de euros sin que conste el correspondiente informe de fiscalización de la Intervención General de la Junta.
Estos acuerdos demuestran que "el dinero de los ERE, en este caso el de Delphi, se utilizaban por el Gobierno andaluz para comprar la paz social, sin procedimiento, saltándose los controles de intervención y a pesar de que señalaban la presencia de intrusos y advertían de la falta de justificación".
