El concejal de Movilidad y Seguridad Vial del Ayuntamiento de Santiago, Albino Vázquez Aldrey, ha anunciado hoy que esta misma tarde dejará de militar en el PP y el próximo lunes formalizará su renuncia como concejal en la capital gallega y abandonará su escaño en la Diputación de A Coruña.
"Con la renuncia a mis responsabilidades públicas y orgánicas tanto en las instituciones como en el PPdeG aspiro a poder dedicar el cien por cien de mi tiempo a demostrar mi honradez y mi inocencia", notifica en un comunicado enviado a los medios en primera persona desde el correo electrónico del partido en A Coruña.
Vázquez Aldrey, imputado por cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias, fue detenido en la segunda fase de la operación Pokemon, llamada Manga, y su situación procesal es de libertad provisional bajo fianza de 15.000 euros.
En la nota indica que tras la decisión del juzgado de Lugo que instruye esta investigación su interés pasa por "no perjudicar ni a mi partido ni al organismo provincial del que formo parte" y, sobre todo, por "no dañar a la imagen de la ciudad en la que vivo (Santiago), en la que trabajo y a la que me debo y deberé siempre".
Por ello, entre otras razones, ha decidido cesar de su condición de militante del Partido Popular de Galicia, "mientras dure el proceso judicial en el que me veo inmerso".
El consistorio compostelano cuenta con seis de sus integrantes, tres en el grupo de Gobierno, uno de ellos el regidor, imputados en la operación Pokemon.
Se tratan de Vázquez Aldrey; del alcalde, Ángel Currás, acusado de tráfico de influencias, aunque no se han fijado para él medidas cautelares, y de la responsable de Educación, Rebeca Domínguez, en las mismas circunstancias que el anterior.
Por otra parte, la titular del Juzgado de Instrucción Número Uno de Lugo, Pilar de Lara, ha decretado prisión preventiva para el exconcejal compostelano Ángel Espadas y ha dejado en libertad bajo fianza de 15.000 euros al edil de Seguridad Ciudadana de Santiago de Compostela, Albino Vázquez Aldrey, ambos del PP.
Ángel Espadas, que fue jefe de gabinete de la Alcaldía compostelana hasta que Gerardo Conde Roa tuvo que dimitir tras ser denunciado por un supuesto fraude fiscal, será conducido a prisión en un furgón de la Guardia Civil.
Según ha confirmado el fiscal de Lugo, Jesús Álvarez, a Ángel Espadas se le imputan al menos los delitos de utilización de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias. Había sido detenido este jueves en el marco de la Operación Manga, que deriva de la Pokémon, y en su domicilio se practicó un registro.
La declaración de Ángel Espadas ha sido la más extensa, ya que se prolongó durante más de cuatro horas, hasta las 2.45 de este sábado.
SITUACIÓN DE LOS DEMÁS IMPUTADOS
A lo largo del viernes, la jueza ha decretado prisión provisional para el delegado de Aquagest en Santiago de Compostela, José Luis M.R., quien se ha negado a declarar en sede judicial por consejo de sus abogados y está imputado por tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho, entre otros delitos. Ha sido conducido a la prisión lucense de Bonxe.
Su abogado defensor ya ha anunciado que el lunes interpondrá un recurso contra el auto de prisión provisional dictado contra José Luis M.R., al considerar "excesiva" la medida cautelar adoptada por la jueza.
Por su parte, la jueza instructora ha dejado en libertad con cargos al asesor cultural y organizador de eventos Jesús F.M., quien prestó declaración durante unas dos horas y media y se le imputa, entre otros delitos, tráfico de influencias.
Asimismo, en libertad ha quedado el presidente del PP en San Martín del Rey Aurelio (Asturias) y propietario de una empresa de consultoría e ingeniería, Joaquín Fernández Díaz, también con vinculaciones laborales con Aquagest.
No obstante, permanece imputado por tráfico de influencias y tendrá que presentarse cada 15 días en el Juzgado de guardia de Avilés. El PP ya ha decidido suspenderlo de inmediato de todas sus funciones en el partido.
DETENIDOS EN CATALUÑA
La toma de declaraciones proseguirá este sábado con el pase a disposición judicial de los cuatro detenidos en Cataluña: el alcalde de Sant Hilari Sacalm (Girona) y presidente del Consell Comarcal de la Selva, Robert Fauria i Danés (CiU); el jefe del departamento de Organización de Servicios a la Ciudadanía de este Consell Comarcal, J.C.F.M.; el apoderado de GRS Arc Local, J.M.F.I.G. y el administrador de esta empresa que presta servicios en ayuntamientos, A.R.V.
La Operación Manga, en la que fueron detenidas nueve personas en Santiago de Compostela, Gerona y Asturias, deriva de la Pokémon, en la que ya hay más de una treintena de imputados y cuyo eje central son supuestas irregularidades en las concesiones de servicios públicos a empresas del grupo Vendex. En esta nueva trama, Pilar de Lara investiga a las empresas Aquagest, de gestión de aguas, y GRS Arc Local, que entre otros servicios ofrece el de gestión de multas.
