La Asociación Española de Banca (AEB) se ha comprometido a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad", informó la patronal en un comunicado.
La AEB señala que ha mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno y que el pasado jueves, 8 de noviembre, el presidente de la patronal, Miguel Martín, trasladó al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, este compromiso en nombre de los bancos de la asociación.
La patronal destaca que el contenido de este medida, adoptada por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social", había sido objeto de un debate "intenso y profundo" de los bancos asociados "a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica".
Con carácter previo al encuentro con el secretario de Estado de Economía y Competitividad, el presidente de la AEB se había entrevistado con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido informado.
Además, la AEB se muestra a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas "para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".
Las cajas de ahorros se han sumado a la iniciativa de paralizar los desahucios para casos de viviendas habituales y colectivos vulnerables. La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha indicado en un comunicado que esta suspensión se aplicará hasta que entre en vigor la reforma de la normativa en la que están trabajando el Gobierno y la oposición.
Para la patronal de cajas, las entidades "han estudiado caso por caso para ofrecer a los clientes hipotecarios la medida más oportuna, como refinanciaciones, periodos de carencia, daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de vivienda para su posterior alquiler al deudor, entre otras".
Como la AEB, también la CECA ha ofrecido a las autoridades "toda su colaboración para el diseño y ejecución de una nueva normativa que evite la exclusión financiera y social de aquellos colectivos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad a consecuencia de los procedimientos de ejecución hipotecaria".
REUNION GOBIERNO-PSOE
La reunión que Gobierno y PSOE están manteniendo esta tarde para aprobar un conjunto de medidas que paralicen los desahucios transcurre a buen ritmo pero va para largo, aunque se espera que pueda alcanzarse un acuerdo que ratifique este mismo jueves el Consejo de Ministros.
Así lo aseguró la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en un corrillo informal con periodistas a su llegada al Congreso de los Diputados, donde comparece esta tarde para explicar las cuentas de su departamento para el año 2013.
Sáenz de Santamaría señaló que el encuentro entre los expertos del Ejecutivo y los del PSOE lleva más de dos horas y media y es previsible que se alargue todavía más con el fin de pactar el mayor número de medidas posibles y con el mayor detalle.
La vicepresidenta se mostró convencida de que es factible que los negociadores técnicos lleguen a un acuerdo en las próximas horas con el fin de que el Ejecutivo apruebe las nuevas medidas en el Consejo de Ministros de esta misma semana.
Se da la circunstancia de que, en esta ocasión, el Consejo de Ministros tiene previsto celebrarse el jueves porque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, estará el viernes con varios miembros de su gabinete en la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Cádiz durante el fin de semana.
GALLARDON: HAY QUE CAMBIAR LA LEY
El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, ha considerado este lunes necesario un cambio en la actual legislación sobre los desahucios al entender que las circunstancias sobre las ejecuciones hipotecarias y el elevado número de desalojos que se están produciendo, ha obligado a adoptar medidas sobre la materia.
Gallardón, que ha hecho estas declaraciones antes de participar en un simposio en la Cámara de Comercio, ha subrayado que hay que "adoptar las medidas necesarias para que la legislación sea aplicable en la realidad social en la que en estos momentos vive España", aunque ha advertido de que "la información antes de firmar ningún documento es un requisito absolutamente necesario en un Estado de Derecho".
"En aquellos créditos que estén firmados y en las hipotecas que en estos momentos están siendo sometidas a un proceso ejecutivo sí que pensamos que hay medidas que pueden adecuar esta difícil situación que en estos momentos vivimos; y que aunque no fueron previstas en su momento, las circunstancias han cambiado y deben hacer que cambie la legislación", ha indicado Gallardón antes de participar en el acto al que ha acudido con el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel.
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que su partido acudirá con la "mejor intención" a la reunión de este lunes con el Gobierno para alcanzar un acuerdo que acabe con el problema de los desahucios.
Rubalcaba ha pedido al Gobierno que, como en los desahucios, se siente a negociar con el PSOE otras reformas necesarias, y como no lo ha hecho hasta ahora, a su juicio, ha sentenciado: "Cada iniciativa del Gobierno sin sentarse --a hablar-- va achicando el espacio para un acuerdo".
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, reclama que no se produzcan "más demoras" en la adopción de medidas y soluciones ante la problemática de los desahucios.
Con carácter previo a su intervención en las VIII Jornadas sobre Justicia y Medios de Comunicación que se celebran este lunes en Bilbao, Moliner ha expresado su consternación por el fallecimiento de Amaia Egaña el pasado viernes en Barakaldo, momentos antes de ser desalojada de su vivienda, y ha trasladado su solidaridad a la familia de la exedil socialista.
Moliner ha mostrado la "sensibilidad" del Poder Judicial, "integrado por ciudadanos que "no son ajenos a la sociedad en la que viven", ante la "dramática situación" que se atraviesa en relación a esta materia.
En este sentido, ha reclamado que no se produzcan "más demoras" en la adopción de medidas y soluciones "por parte de quienes tienen la responsabilidad en materia legislativa, sin excluir a los propios miembros del Poder Judicial".
