La reunión que iba a mantener el jueves la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para tratar la reforma de las pensiones con los agentes sociales, en el marco del diálogo social, ha sido aplazada "por motivos de agenda", han informado a Efe fuentes del Ministerio.
La reunión iba a realizarse el mismo día en que tendrá lugar la primera de las movilizaciones convocadas por los sindicatos contra las restricciones del Gobierno y por la recuperación de derechos.
A la reunión de diálogo social habían sido convocados el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y de Cepyme, Antonio Garamendi, así como los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez.
En el marco de la reforma del sistema de pensiones que analiza la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, la ministra quería conocer las posturas de los interlocutores sociales.
Desde la patronal habían confirmado la asistencia ambos presidentes, en la que confiaban en comentar con la ministra otros aspectos de la actualidad laboral, según han explicado a Efe fuentes de la CEOE.
Los sindicatos no habían confirmado su asistencia "a la espera de conocer el orden del día" y se habían mostrado críticos a participar en escenarios de negociación de "cartón piedra".
"La gente no está plenamente en disposición para ir a una reunión de media hora y salir igual que se ha entrado, como ocurre en muchas reuniones en este país. Si hay una agenda que realmente tenga perspectivas de que vayamos a salir con temas que tengan un valor se dejará todo lo demás, pero si es una reunión para más de lo mismo, pues no sé si tiene mucho sentido ir", ha precisado Alvarez.
Por su parte, el secretario de Organización y Comunicación de CC.OO., Fernando Lezcano, ha insistido en que los sindicatos "no van a entrar en negociaciones de cartón piedra con el Gobierno".
"No hay ninguna posibilidad de que esta legislatura sea una legislatura en la que el diálogo social sea comparsa de las negociaciones políticas. O se dota de contenidos al diálogo social o no va a haber por nuestra parte participación", ha añadido.
Lezcano se ha quejado de que, a día de hoy, tres semanas después de la reunión que mantuvieron con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, todavía no se han concretado ni compromisos ni cuántas mesas de diálogo va a haber.
Los dirigentes sindicales han insistido en que las pensiones deben revalorizarse según el coste de la vida (inflación). Como aún no se ha puesto de manifiesto de manera clara que las pensiones subirán un 0,25% en 2017, el mínimo legal previsto, los sindicatos dan mucho valor a las movilizaciones, que arrancarán este jueves y proseguirán el domingo con una gran manifestación en Madrid.
EL CONGRESO PIDE MAS INFORMACION AL GOBIERNO QUE AVALE SU VETO A LA SUBIDA
La Mesa del Congreso ha pedido más explicaciones al Gobierno sobre su exigencia de paralizar la tramitación de la proposición de ley del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos para subir las pensiones en 2017, y en función de esa información tomará una decisión antes de final de año sobre si la iniciativa sigue o no adelante en las Cortes.
Esa proposición de ley, que recoge las pretensiones de Comisiones Obreras y UGT, lleva la firma del PSOE, Unidos Podemos, Esquerra (ERC), el PNV y la antigua Convergència, todos los grupos de la oposición salvo Ciudadanos, que está a favor de la revalorización pero considera "un parche" la iniciativa. Juntos suman mayoría absoluta de la Cámara.
El objetivo de la proposición de ley, registrada en octubre, es aplicar a las pensiones del próximo año un incremento del 1,2%, coincidente con la subida del Indice de Precios de Consumo (IPC) prevista por el Gobierno.
UN COSTE DE 1.150 MILLONES DE EUROS
Sin embargo, el Gobierno vetó esa ley de la oposición alegando que su aplicación supondría un coste de más de 1.150 millones de euros que tendría que asumir el Estado, sin que se detalle de dónde deberían salir, según consta en el escrito recogido por Europa Press.
El veto de Moncloa, el decimosexto y último de los presentados en lo que va de legislatura, se ha analizado este martes en la Mesa de la Cámara, donde el PSOE ha exigido que fuera rechazado para poder debatir la iniciativa en el Pleno de la próxima semana.
En un escrito registrado este lunes, el Grupo Socialista alegaba que la motivación del Ejecutivo "no resulta razonada, objetiva y suficiente" por cuanto que la proposición de ley "no afecta en absoluto" al presupuesto vigente, que a su juicio es el que puede justificar el veto, sino que su coste se carga al de 2017, que no existe y de hecho el Gobierno "ni siquiera apunta el coste que supondría adoptar esta medida en el ejercicio 2017".
La Mesa, con el voto en contra del PSOE, ha decidido este martes pedir más información al Gobierno, dando al Ejecutivo la oportunidad de contestar al PSOE. Cuando Moncloa responda, el órgano de gobierno de la Cámara decidirá si la iniciativa continúa o no su tramitación, una resolución que se espera antes de fin de año.
PSOE: EL GOBIERNO TRATA DE GANAR TIEMPO
Para el portavoz socialista, Antonio Hernando, el Gobierno trata de ganar tiempo para que no sea posible aprobar la subida de las pensiones antes de que acabe el presente ejercicio presupuestario. "El Gobierno hurta una iniciativa a la que el Congreso tenía derecho", se ha quejado.
Hernando ha criticado que ni Ciudadanos ni Unidos Podemos hayan respaldado su petición de levantar ya el veto del Gobierno y ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene que dar más información" porque "sólo se pueden vetar iniciativas que supongan un aumento presupuestario del presupuesto vigente, y ahí no está la iniciativa de las pensiones".
Iñigo Errejón, portavoz de Unidos Podemos, considera que, más allá de lo que ocurra con cada iniciativa, hay un problema general de conflicto de atribuciones por "un gobierno débil que trata de amordazar al Parlamento".
Desde el PP, Rafael Hernando ha aconsejado que los grupos parlamentarios acompañen sus proposiciones de ley de una memoria económica que determine el coste de sus medidas, algo que se exige en el reglamento del Senado, pero no en el Congreso. "Si hacemos alguna vez la reforma del Reglamento, deberemos tener esto en cuenta y adecuar la legislación a los costes y los gastos de las medidas", ha añadido.
