El subsecretario de Justicia, Juan Bravo, ha explicado que la liquidación de las nuevas tasas se practicará una vez que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publique "en las próximas semanas" una orden que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación.
"La ley de tasas judiciales entra en vigor al día siguiente de su publicación, sin perjuicio de lo cual la liquidación práctica de las tasas no se podrá practicar hasta que se publique, tal y como prevé la propia ley en su artículo 9, una orden por parte del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que regule el procedimiento y los impresos de autoliquidación", ha afirmado el subsecretario en la sede del departamento ministerial.
El subsecretario ha hecho referencia así al artículo 9 de la nueva ley de tasas, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, que recoge que "por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se regularán los procedimientos y los modelos de autoliquidación de la tasa". El Ministerio de Justicia practicará una comunicación a todos los secretarios judiciales para que "no se practique ninguna liquidación porque es lo que la ley prevé desde el primer momento".
MEJORA DE LA LEY DE JUSTICIA GRATUITA
En cuanto al anunciado recurso de inconstitucionalidad que formulará el PSOE contra la norma, el subsecretario ha defendido que el Tribunal Constitucional ha recogido la doctrina del Tribunal Europeo al defender que las tasas son "legítimas y constitucionales siempre y cuando respeten el principio de proporcionalidad en relación con la capacidad económica de los ciudadanos".
"Entendemos que el diseño que se ha articulado en la nueva ley de tasas respeta ese principio, sobre todo si tenemos en cuenta que a lo largo de las próximas semanas revisaremos y mejoraremos el sistema de Justicia Gratuita", ha destacado.
En esta línea, Bravo ha explicado que Justicia está negociando una revisión de la Ley de Justicia Gratuita con las comunidades autónomas que gestionan este servicio. "La unión de los dos textos, de la ley de tasas y la ley de justicia gratuita revisada, perfectamente cumplirá esos parámetros constitucionales", ha remachado.
Finalmente, ha abogado por esperar a la revisión de la Ley de Justicia Gratuita para analizar los casos concretos a los que afectarán las tasas. Por ejemplo, ha indicado que el nuevo texto podrá tener en cuenta una discapacidad severa en un accidente de tráfico.
"En cualquier caso, esa capacidad económica siempre tiene que estar en relación con el asunto objeto de demanda", ha concluido, para emplazar a tener la "panorámica completa" para valorar los casos puntuales.
ABOGADOS, JUECES Y FISCALES QUIEREN LLEVAR AL CONSTITUCIONAL LAS NUEVAS TASAS
Abogados, jueces y fiscales van a estudiar cómo hacer que el Tribunal Constitucional se pronuncie contra la nueva Ley de Tasas Judiciales. Esta posición conjunta frente a las tasas judiciales fue tratada este miércoles en Madrid en un encuentro que mantuvieron Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), y representntes de la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, entidad integrada por las principales asociaciones de magistrados y fiscales.
Según informó el Consejo General de la Abogacía Española, uno de los acuerdos alcanzados en esta reunión es "aunar esfuerzos para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Tasas Judiciales". La institución que preside Carnicer destacó que pretenden poner en marcha un "frente común de abogados, jueces y fiscales contra las últimas leyes del Ministerio de Justicia".
Al mismo tiempo, el Consejo General de la Abogacía anunció que apoya las concentraciones que los jueces llevarán a cabo este viernes ante el Ministerio de Justicia y las sedes judiciales.
También, el Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) se queja de que la nueva Ley de Tasas Judiciales, es convierte en "meros recaudadores". Esta organización de secretarios añade que "se trata de una norma sin precedentes en nuestro ordenamiento jurídico en el período constitucioal".
Para el Sindicato de Secretarios Judiciales, la nueva Ley de Tasas se dirige "contra la ciudadanía", ya que discrimina "la posibilidad de acceso al servicio público en función de su capacidad económica". Además, estos funcionarios sostienen que la norma "es de dudosa compatibilidad con el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva".
CONSUMIDORES
La asociación Facua-Consumidores en Acción denunció que las nuevas tasas judiciales, que entran en vigor este jueves, supondrán "la implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos".
A través de un comunicado, Facua alertó de que la nueva Ley de Tasas, que este miércoles se ha publicado en el BOE, "abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento".
Según esta asociación de consumidores, la aplicación de estas tasas "es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y es contraria a la Constitución, que en el artículo 24 previene contra la "indefensión" de los ciudadanos ante los tribunales.
Además, según este colectivo de consumidores, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.
200 EUROS POR RECURRIR EN VÍA JUDICIAL UNA MULTA DE TRÁFICO
La asociación de defensa de los conductores Dvuelta ha denunciado que con la nueva Ley de Tasas Judiciales, recurrir una multa de tráfico en el marco de un procedimiento abreviado costará 200 euros aun cuando la cantidad a rembolsar tenga un menor importe. Según este colectivo, las nuevas tasas provocarán que muchos conductores renuncien a defender sus derechos por la vía judicial y a entablar procedimientos en los que la Administración resulte demandada, principalmente en los de una menor cuantía.
La asociación considera que con esta nueva normativa el "principal moroso que hay en España, que no es otro que el propio conjunto de las Administraciones públicas", se dota de un instrumento legislativo en el que, "como juez y parte, se otorga a sí mismo la capacidad por la vía de la disuasión de no pagar lo que, en justicia, debe".
En todo caso, la asociación recuerda que los recursos de multas por la vía ordinaria (no judicial), que representan el 90 por ciento de los expedientes por sanciones que se tramitan, se encuentran exentos de las tasas judiciales, ya que su resolución no corresponde a ninguna instancia judicial.
La publicación de la norma ha sido recibida con lazos negros en los perfiles de los usuarios de Twitter y los hashtag de #LazoNegroPorLasTasasJudiciales y #stoptasasjudiciales en la red social. La imagen del lazo negro ha sido incorporada a los perfiles de la asociación de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales.
"Mal día para la Justicia. Y para todos", "Esto va a ser un desastre. Si no tienes dinero no tienes derecho", "`Ya se publicaron!#graciasgallardón por dar muerte a los principios fundamentales de lo que se llamaba JUSTICIA", son algunos de los comentarios de los internautas.
