Visto para sentencia el juicio contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo

El juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha quedado visto para sentencia en el Tribunal Supremo (TS) después de que el juez haya dicho que su conciencia "está tranquila" porque actuó guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas para evitar "el olvido". El sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad han elevado a definitiva su petición de inhabilitar durante 20 años al juez Baltasar Garzón por un delito continuado de prevaricación al investigar sin competencias los crímenes del franquismo. La Fiscalía y la defensa han solicitado la libre absolución del magistrado y el archivo de este procedimiento.

En su turno de última palabra el magistrado Baltasar Garzón ha citado al filósofo alemán Enmanuel Kant para afirmar que "el tribunal del hombre es su conciencia", y ha reiterado que actuó en cumplimiento estricto de las normas procesales en la investigación de los crímenes del franquismo. "Mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas a derecho, investigar, perseguir y sancionar los crímenes masivos de desapariciones forzadas y detenciones ilegales (..) como única defensa que las instituciones creo que deben a las víctimas para que no se produzca el olvido y la falta de memoria", ha dicho Garzón.

El juez, para quien Manos Limpias ha pedido 20 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, ha recordado que todas las decisiones que adoptó mientras mantuvo la competencia de la causa fueron compartidas y asumidas por las partes, incluido el fiscal y que durante esos dos años desde que se presentaron las denuncias en 2006 tampoco se planteó ningún recurso.

Una vez que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió que los hechos no eran de su competencia, ha asegurado, todas las actuaciones se paralizaron y acordó inhibirse en favor de los juzgados territoriales que por ubicación de las fosas o por las denuncias de los querellantes podían tener la competencia. "Se hizo en cumplimiento del mandato judicial para dar protección a las víctimas", ha añadido para concluir que se puede compartir o discrepar de su criterio pero entiende que sus resoluciones son defendibles de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional.

En ese último ámbito ha enmarcado la interpretación jurídica que utilizó para investigar unos "hechos criminales masivos que tienen carácter permanente", ya que en muchos casos se desconoce el paradero de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Esto es lo que a juicio de Garzón sitúa los hechos denunciados ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en un contexto de crímenes contra la humanidad, en el que la "obligación del juez es dar protección a las víctimas e investigar esos delitos". Así, Garzón ha afirmado que actuó en el uso de la independencia judicial y la libertad interpretación y que tomó las decisiones que consideró más ajustadas a derecho, guiado por la defensa y el desamparo de las víctimas, que son las que deben guiar a todo juez.

EL ABOGADO DE MANOS LIMPIAS PIDE 20 AÑOS DE INHABILITACIÓN

El abogado de Manos Limpias Joaquin Ruiz Infante ha modificado alguna cuestión "puntual" que, ha dicho, respeta su escrito de acusación anterior. En concreto, en la presentación de su informe final se ha centrado en la querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos del Jarama que fue archivada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 apelando a la Ley de Amnistía de 1997. A su entender, al admitir las denuncias de las víctimas por las desapariciones del franquismo y dar lugar a "una causa general contra personas indeterminadas, no identificadas" y "notoriamente fallecidas", Garzón fue "plenamente consciente" de que esta nueva actuación vulneraba tanto las normas como sus "propios actos".

En este sentido, el letrado ha sostenido el acusado "conscientemente" se apartó de la legalidad dictando esa resolución "a sabiendas" y omitió cualquier pronunciamiento sobre su competencia, siendo consciente además de que el Ministerio Fiscal había advertido sobre la irretroactividad de los delitos de genocidio y lesa humanidad. "El acusado era plenamente consciente de esos principios".

Los "escollos" a los que se enfrentaba el juez de la Audiencia Nacional se basaban además en los límites legales que la Fiscalía, su mismo juzgado bajo un magistrado sustituto y la Sala de lo Penal sostuvieron al declarar la incompetencia de este órgano jurisdiccional. "El realiza su propósito de infringir la legalidad y las normas sobre su competencia", ha agregado.

La acusación, que comparte representación letrada, ha mantenido este miércoles su petición de imponer a Garzón la pena de 24 meses de multa, a razón de 30 euros al día, así como de 20 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos, y con la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o funciones jurisdiccionales fuera del mismo, así como al pago de las costas procesales producidas incluidas las de la acción popular.

EL ABOGADO DE GARZÓN SOSTIENE QUE SUS DECISIONES SON DEFENDIBLES Y RAZONABLES

El abogado de Baltasar Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha considerado que las decisiones del juez en la investigación de los crímenes del franquismo son "tan defendibles y razonables" como las contrarias y ha replicado a la acusación de Manos Limpias que la matanza de Paracuellos ya fue juzgada. Así lo ha sostenido el letrado en su informe final en el Tribunal Supremo, en el que ha calificado de fraude procesal que Manos Limpias haya modificado sus conclusiones para incluir "como eje de toda su argumentación" la querella presentada contra Santiago Carrillo por las familias de las víctimas de Paracuellos, que Garzón archivó en 1998.

A pesar de considerar que esa querella no tiene relación con el caso, González-Fresneda ha respondido a Manos Limpias, que ha acusado a Garzón de abrir una causa general contra un solo bando, que los sucesos de Paracuellos ya fueron juzgados por el propio régimen franquista. "Eso fue una causa general y no esto", ha dicho tras destacar que, aunque desde el punto de vista moral los hechos son igual de repugnantes, no tienen parangón desde el punto de vista jurídico porque aquellas víctimas fueron identificadas y honradas, recibieron una indemnización y fueron reparadas en lo posible.

Las víctimas del franquismo, sin embargo, estaban en situación "de total abandono", ha añadido, para recordar que tras admitir a trámite las denuncias y antes de pronunciarse sobre su competencia, Garzón trató de determinar el número exacto de desaparecidos y se encontró con que ni la Administración, ni los tribunales, ni los Ayuntamientos, ni los cementerios tenían ese dato. "Ello refuerza la imagen de que estamos hablando de un problema global de desaparecidos física y civilmente de los que no había quedado rastro alguno", ha dicho Martínez-Fresneda, que ha señalado que, al retirarle la competencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional "salvó expresamente" esas actuaciones, que permitieron concluir que hubo entre 114.000 y 130.000 desaparecidos.

La defensa ha vuelto a criticar que durante la instrucción el magistrado Varela corrigiera los defectos del escrito de acusación y que el auto de imputación fuera una "bomba de racimo" que le obligó a hacer frente a un aluvión de imputaciones y falsos reproches.

El fiscal Luis Navajas se ha apartado de este posicionamiento al considerar que esta cuestión ya fue resuelta en el día de ayer por la Sala, cuando admitió que se trataba de parte de la prueba documental y consentir que fuera leída durante la vista. Por ello, ha alegado que la referencia a esta querella "no modifica el principio acusatorio". Con todo, ha reclamado a los siete magistrados del tribunal que absuelvan al acusado y declaren la nulidad de las actuaciones.

Se trata del segundo proceso por el que el juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo del alto tribunal para enfrentarse a una posible expulsión de la carrera judicial, sin todavía conocer la sentencia sobre la causa abierta por autorizar la intervención de las comunicaciones entre los de la trama 'Gürtel' con sus abogados en prisión. Además está pendiente de saber si el Supremo le abre juicio oral por la causa de los cobros de la Universidad de Nueva York, donde impartió varias conferencias sobre terrorismo entre 2005 y 2006.