La reunión sectorial entre el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y las Comunidades Autónomas para analizar el coste económico de la futura reforma educativa ha concluido tras tres horas de reunión, en las que las autonomías del PP han apoyado este proyecto.
La sectorial ha concluido con el respaldo de las once comunidades del PP y el rechazo de las del PSOE -Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- y del País Vasco, que ha pedido una moratoria para seguir estudiando el coste económico.
La consejera andaluza de Educación, Mar Moreno, quien ha sido la primera responsable autonómica en comparecer ante los medios tras el encuentro, y que ha especificado que la reforma cuenta con "el rechazo de cinco comunidades" que representan al 45 % de la población española.
"Es verdad que hay más comunidades del PP pero no es menos cierto que la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (la Lomce) solo es apoyada" por ellas, ha destacado Moreno.
Mar Moreno ha pedido al ministro Wert que "nunca" vea la luz esta reforma educativa, porque, a su juicio, nace con el menor respaldo de todas ellas (en democracia ha habido ya seis reformas educativas).
MEMORIA ECONÓMICA
El objetivo de la reunión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert con los consejeros autonómicos del ramo en la Conferencia Sectorial de Educación era debatir sobre la memoria económica que acompaña al anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), que estima que el Estado tendrá que aportar 480 millones de euros para sufragar los costes directos de implantación para los tres primeros años, cinco veces más de lo previsto inicialmente.
En la última reunión, que tuvo lugar el pasado 19 de diciembre, los consejeros trasladaron al ministro su preocupación por la financiación de la reforma educativa, y éste se comprometió a celebrar una reunión sectorial monográfica para tratar este asunto. El 23 de enero, el Ejecutivo envió a las comunidades autónomas su propuesta.
La consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, ha rechazado hoy la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y ha considerado que es "inviable" ponerla en marcha en la actual situación de crisis económica.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha anunciado que se va a crear un grupo de trabajo de expertos entre Educación y Comunidades para estudiar tanto los impactos de la reforma educativa, que previsiblemente entraría en vigor en 2014, como para revisar los criterios de gastos del servicio educativo.
La Memoria Económica de la Lomce apunta a un coste de implantación de 408 millones de euros durante tres años por el Estado, y cuya implantación sería 23 millones en el primer año, 130 en el segundo y 255 en el tercero; "los efectos económicos en ningún caso se producirían antes de 2016", según Wert.
A las Comunidades Autónomas les correspondería en principio los costes indirectos, que dependerán del incremento del alumnado de FP y, en consecuencia, la reducción del abandono escolar, que ahora se sitúa en el 26,5 %.
El Ministerio de Educación se plantea que la puesta en marcha de la nueva ley sea en el curso 2014-2015, incluso no descarta que sea en el 2015-2016.
La reunión de esta tarde ha coincidido con el final de la "semana de lucha" convocada por el Sindicato de Estudiantes, que ha incluido manifestaciones como las de esta tarde, entre ellas la de Madrid, y en la que alumnos, profesores y padres han marchado en defensa de la enseñanza pública y en contra de la Lomce.
Al ser preguntado por esta cuestión en conferencia de prensa, Wert ha considerado que los tres días de huelga de alumnos, convocada por el Sindicato de Estudiantes, han tenido un seguimiento "realmente modesto", según el cómputo del Ministerio. "Con lo que no estoy muy de acuerdo es en que estas huelgas y estas manifestaciones tengan que ver con la reforma educativa", ha señalado.
