Gobierno y oposición están en "conversaciones" y han llegado a un "preacuerdo" para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato terminará en noviembre y cuyos sustitutos debe nombrar el Gobierno, según ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
No obstante, la portavoz del Gobierno se ha mostrado prudente porque "aún hay que esperar a que se produzca la vacante" y no ha querido dar más detalles. "Vamos a esperar y a respetar ese tiempo", ha dicho.
De hecho, fuentes del Ejecutivo no han querido precisar quiénes serán los magistrados que ingresen en el TC por el turno del Congreso ni si entre ellos estará el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López, que el PP presentó como candidato al Senado pero que, según los servicios jurídicos de la Cámara, no cumple el requisito de 15 años de experiencia profesional.
El PP rechaza esa interpretación y confía en un recurso del Parlamento de La Rioja ante el TC, puesto que López era uno de los candidatos que esta cámara presentó al Senado. Ahora, los 'populares' esperan que el alto tribunal falle a su favor y que lo haga pronto, y así poder presentar al ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial como candidato por el turno del Congreso.
Este principio de acuerdo para el Congreso se suma al alcanzado esta misma semana entre Gobierno y PP para desbloquear la renovación de los cuatro magistrados que nombra el Senado, que estaba pendiente desde 2007, y que la vicepresidenta ha calificado de "buena noticia".
DEFENSOR DEL PUEBLO
Además, la vicepresidenta ha adelantado que en el diálogo abierto entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición "se incluirá" la renovación de otras vacantes institucionales -una de las tareas pendientes es la renovación del Tribunal de Cuentas--, incluida la del Defensor del Pueblo. Según De la Vega, el nombre del candidato a este puesto no se ha empezado a debatir aún, pero "se abordará en las próximas semanas".
Por otro lado, el Ejecutivo ha empezado a contactar con los grupos parlamentarios -y espera el visto bueno del PP-- para hacer una modificación "muy concreta y limitada" en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con el objetivo de que el retraso acumulado en la última renovación del TC no lleve a vulnerar la Constitución.
El problema radica en que la Carta Magna establece que el alto tribunal debe renovarse por tercios cada tres años. Ahora, debido al bloqueo de tres años, los magistrados del Senado ocuparán sus puestos casi a la vez que los que elija en noviembre el Congreso, de manera que, si todos ellos tuvieran un mandato ordinario, su renovación volvería a coincidir en el tiempo dentro de nueve años.
Según De la Vega, el Gobierno quiere evitar estos "solapamientos" y presentará una reforma para que los magistrados que sean nombrados con retraso vean acortado su mandato, de manera que los cuatro elegidos por el Senado deberán dejar su puesto en 2016, como si hubiesen tomado posesión en 2007.
Lo mismo sucederá cuando se nombre a un magistrado para remplazar a otro que haya fallecido o que haya decidido dejar su puesto: su mandato no será de nueve años, sino del tiempo que le restase en el cargo a aquel al que va a sustituir.
El Ejecutivo quiere aprobar esta reforma antes de que sean nombrados los cuatro elegidos por el Senado, por lo que pactará con los grupos introducir la enmienda en alguna otra ley que vaya a ser debatida pronto en las Cortes. Una opción, explican fuentes del Gobierno, es la próxima reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que, además, es una ley orgánica como la del TC.
