El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que instruye el caso Imelsa, ha enviado al Supremo la investigación por supuesto blanqueo que afecta a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El juez subraya las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de Barberá con la responsable de las finanzas, María del Carmen García-Fuster, principal imputada en esta pieza separada, y considera que las explicaciones dadas por la senadora son insuficientes para excluir su posible implicación.
La pieza sobre presunto blanqueo de capitales en el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia tiene 47 personas imputadas, más el PP como persona jurídica, e investiga donaciones de mil euros de concejales y asesores, que presuntamente les devolvió el partido en dos billetes de 500 para blanquear dinero en efectivo de supuesta procedencia ilícita.
El magistrado considera que, dado que la exalcaldesa ha reconocido que hizo el donativo de mil euros por el que están imputados todos los concejales, exconcejales, asesores y exasesores que también hicieron el pago en vísperas de las elecciones de 2015, sería "incoherente" no elevar exposición al Supremo.
El Tribunal Supremo es el único competente para investigar y, en su caso juzgar, a la senadora.
COMO MÁXIMA RESPONSABLE DEL GRUPO MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
El juez explica que ni las dos investigadas (imputadas) que han reconocido que el dinero entregado les fue devuelto, ni los cuatro testigos que se negaron a hacer la aportación, han realizado una imputación concreta sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia en los hechos. Sin embargo, el instructor detalla las sospechas que existen sobre las finanzas del PP, e incide en la relación de la actual senadora con la persona que gestionaba las cuentas bancarias, la exsecretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, también imputada en este procedimiento.
Según el Tribunal Superior de Justicia, el juez apunta que Barberá era su superiora jerárquica como alcaldesa y máxima responsable del grupo municipal, y existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.
Esta, en su declaración judicial, se negó a desvelar el origen de varios ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros, así como la identidad de la persona que le entregaba ese dinero, han añadido las mismas fuentes.
El juez considera que la investigación sobre el supuesto dinero blanqueado, por la naturaleza opaca del mismo, es compleja. Así, explica que la "presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal" son "muy anteriores en el tiempo", pero considera "significativo" el silencio de García-Fuster al ser interrogada sobre el origen de ese dinero.
Antes de elevar la causa al Supremo, el magistrado ofreció declarar a Barberá, quien presentó un escrito de alegaciones en el que reconoce la aportación del dinero para la campaña de las elecciones de 2015 en las que ella optaba a la alcaldía, y niega el reintegro del mismo.
Sus explicaciones, señala el instructor, son insuficientes para excluir su posible implicación en los hechos investigados.
Respecto al exconcejal y actual diputado autonómico Miquel Domínguez, quien también habría efectuado la aportación de mil euros, está aforado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia y, al igual que Barberá, rehusó la invitación para declarar voluntariamente, pero ha presentado un escrito de alegaciones.
