El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña impone al expresidente catalán Artur Mas la pena máxima por el delito de desobediencia al entender que "pervirtió los principios democráticos" e "hizo quebrar" la regla básica de sumisión a la ley, imprescindible para una "convivencia pacífica".
En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a dos años de inhabilitación a Artur Mas, pena superior al año y medio que solicitaba la Fiscalía por el delito de desobediencia, lo que cree está justificado dado que fue "máxima la tensión" a que sometió "valores constitucionales tan esenciales de un Estado democrático y de derecho como el equilibrio entre poderes y el sometimiento de todos al imperio de la ley".
Para el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau "alteraron en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de derecho" cuando ignoraron e "impusieron su voluntad" sobre la orden del Constitucional, con la "determinación firme de contravenir" la providencia que suspendía la consulta del 9N y llevar a cabo la votación "hasta el agotamiento".
ABSUELTOS DE PREVARICACIÓN
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que absuelve de un delito de prevaricación a los tres procesados, recuerda que la causa contra Mas "no se proyecta" sobre la convocatoria de la consulta independentista, "ni tampoco sobre la colocación de las urnas, como interesadamente se ha querido ver.
Se juzga la desobediencia de una orden del Tribunal Constitucional", insiste. Para el tribunal, los acusados "invirtieron" los principios democráticos, además de "quebrar" el principio de jerarquía y, de esa forma, "se vio alterado en términos inaceptables el normal funcionamiento del Estado de derecho".
La sala sostiene que la providencia en que el Constitucional suspendió la consulta, el 4 de noviembre, era "una resolución ejecutiva por antonomasia" que "encerraba un mandato claro, expreso, concreto y terminante de suspender toda actividad administrativa" relativa a la votación, lo que a su parecer resultaba comprensible "para cualquier inteligencia media".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera que la consulta del 9N no era, como mantienen las defensas, un acto político sino "de naturaleza clara y marcadamente administrativa", como lo demuestran a su parecer el hecho de que "aparezcan comprometidos importantes por millonarios (en euros) recursos económicos cargados contra el erario público (por tanto, soportados por todos los ciudadanos) y no contra el presupuesto de un partido político".
La sala, no obstante, absuelve de prevaricación a los acusados, al considerar que la "arbitrariedad" de su decisión de seguir adelante con el 9N queda incluida en la desobediencia: "Se hace patente que la resolución analizada ahora era ilegal, en la misma manera en que lo era la convocatoria del proceso participativo, por desborde competencial (...)".
La sala rechaza el "conflicto de intereses" que Mas alegó que había sufrido cuando decidió seguir adelante con el 9N y le recuerda que, en el caso de que este existiera, "no estaría en la incumbencia del acusado, sino exclusivamente en el del Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la norma fundamental (...)".
Según el tribunal, la decisión del gobierno catalán de recurrir la providencia y pedir aclaraciones al Tribunal Constitucional, pese a saber que ello no afectaba la "eficacia del proveído constitucional", formaba parte de "una estrategia que incluía el mantenimiento en toda su dimensión" del proceso participativo.
La sentencia sostiene que la estrategia de los acusados se basó en "no suspender oficialmente la convocatoria y continuar realizando todas las actuaciones públicas de preparación que ya estaban en marcha, así como cuantas otras se iban a producir en los siguientes días para preparar y desarrollar la votación anunciada para el 9 de noviembre".
De esta forma, según la sala, el expresident Mas "no solo no dictó ningún tipo de resolución ni efectuó anuncio alguno de suspensión del proceso participativo previsto", sino que, junto a Ortega y Rigau, "cada una de ellas dentro de su ámbito de responsabilidad", mantuvieron los preparativos de la consulta "conscientes" de que contravenían al Tribunal Constitucional.
La sentencia detalla que los acusados, guiados por un "propósito y consciencia de contravención" y "prescindiendo" del mandato del Constitucional, mantuvieron activa la página web para la consulta, la campaña de publicidad, la correspondencia oficial y permitieron que el material para la votación -como urnas y papeletas elaboradas por presos del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE)- llegara a los puntos de votación entre el 7 y el 8 de noviembre.
También permitieron los acusados, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que los programas informáticos necesarios para la gestión de los votantes se instalaran entre los días 7 y 8 de noviembre en los 7.000 ordenadores portátiles adquiridos por Enseñanza y puestos a disposición del proceso participativo por la exconsellera Rigau.
"Finalmente y como colofón" de sus conductas para permitir la votación, los acusados, "con idéntico propósito y consciencia de contravención que guiaban todas ellas", dispusieron que se instalara el centro de prensa en Fira de Barcelona, donde Ortega comunicó los resultados la noche del 9N, añaden los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Para rebatir el argumento de las defensas de que los acusados no fueron apercibidos de las consecuencias de desoír la suspensión, la sentencia remarca que el Tribunal Constitucional remitió a Mas su providencia a través de un correo electrónico dirigido a una subdirección general de Presidencia, que acusó recibo, lo que propició que aquella misma tarde se reuniera el gobierno catalán de forma extraordinaria.
MAS DICE QUE "NO SE ARREPIENTE DE NADA" Y QUE RECURRIRÁ AL SUPREMO Y A EUROPA
El expresidente catalán Artur Mas ha afirmado que recibe la sentencia condenatoria por el 9N con "plena serenidad y disconformidad", ha avanzado que la recurrirá hasta "las últimas instancias europeas" tras pasar por el Supremo, aunque "no se arrepiente de nada" y volvería a organizar el 9N.
Mas ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PDeCAT junto con las otras dos condenadas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y otros dirigentes del partido, todos ellos con una chapa en la solapa con el lema "Ho tornaria a fer" (Lo volvería a hacer). "Volveríamos a hacer exactamente lo mismo. No nos arrepentimos de nada", ha dicho textualmente.
"Esto no acaba en el Estado español, que tiene la democracia amputada; acaba en Estrasburgo, en el corazón de Europa", ha recalcado el también líder del PDeCAT, que no confía en que el recurso ante el Tribunal Supremo corrija la sentencia, como cree que se vislumbrará con la sentencia del juicio al portavoz del partido en el Congreso, Francesc Homs, también por el 9N.
Joana Ortega ha dicho que siente indignación y profunda tristeza por la sentencia, si bien ha dicho que por encima de esto hay un "sentimiento de orgullo" por haber escuchado a la gente, lo que considera la esencia de la política. "Yo no me siento condenada", y ha añadido que se habría sentido inhabilitada por el pueblo de Cataluña pero no por el tribunal, además de subrayar que se puede inhabilitar a las personas pero no a las urnas.
Irene Rigau ha dicho que el fallo muestra que la democracia se está "deconstruyendo", porque frena la carrera política de tres personas --incluida la trayectoria emblemática de Mas, ha dicho-- que cumplieron lo que pedían los ciudadanos, que era convocar una consulta. "Es una sentencia que recae sobre nosotros pero que sabemos que es escuchada, sentida y analizada por millones de catalanes", ha manifestado Rigau, quien ha asegurado que no se sintieron solos cuando fueron a declarar por la consulta.
PUIGDEMONT: "LO INDULTARÁ EL PUEBLO DE CATALUÑA EN REFERENDUM"
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado la sentencia del 9N que inhabilita dos años al expresidente Artur Mas, 21 meses a la exvicepresidenta Joana Ortega y 18 a la exconsellera Irene Rigau: "Aquello que la justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Cataluña en referéndum, votando este año".
Lo ha dicho en rueda de prensa en la Generalitat acompañado del vicepresidente, Oriol Junqueras, y del conseller de Asuntos Exteriores, Raul Romeva, y han asistido otros seis consellers.
Puigdemont ha destacado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014 no es una sorpresa, pero que "no por esperada significa que sea menos grave", porque condena a tres personas que se limitaron a facilitar la democracia y a escuchar a los catalanes en las urnas, ha defendido.
EL PP CREE QUE LA SENTENCIA SOBRE MAS "PONE A CADA UNO EN SU SITIO"
El portavoz del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 9N "pone a cada uno en su sitio" y demuestra que "nadie está por encima de la ley" y ha dicho a los ciudadanos, especialmente a los catalanes, que tienen que "tener la certeza de que no va a existir impunidad".
En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Casado ha recalcado que quienes en la consulta soberanista de 2014 pensaron que aquel acto no iba a tener consecuencias, con el fallo de la sentencia conocido hoy "pueden ver que al final la ley se abre paso".
EL PSC: "NO RESPETAR AL CONSTITUCIONAL ACARREA SUS CONSECUENCIAS"
El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha defendido que no respetar las resoluciones del Tribunal Constitucional "acarrea sus consecuencias", después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecerlo con la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Ha destacado en rueda de prensa que la "pena impuesta es la menor posible", porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobediencia pero les absuelve de prevaricación administrativa, y ha instado a la Generalitat y al Gobierno central a buscar una salida con una reforma federal de la Constitución. "La judicialización no lleva a nada y a nada conduce", ha añadido.
PODEMOS NO COMPARTE LA SENTENCIA QUE CONDENA A ARTUR MAS POR "PONER URNAS"
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha expresado su respeto a la sentencia que condena a dos años de inhabilitación al expresiente catalán Artur Mas por mantener la consulta independentista del 9N, pero ha dejado claro que no la comparte porque no cree que poner urnas deba ser delito.
Echenique, en rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva de Podemos, se ha pronunciado así sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha condenado a dos años de inhabilitación a Mas por un delito de desobediencia, al mantener dicha consulta tras su suspensión por el Tribunal Constitucional (TC).
C’S CREE QUE LA SENTENCIA DEL 9N CIERRA LA "POSIBILIDAD LEGAL" DE UN REFERÉNDUM
El portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado en rueda de prensa que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre la consulta independentista del 9N cierra la "posibilidad legal" de un referéndum.
ALBIOL VE EN SENTENCIA DE 9N UN "AVISO" A PUIGDEMONT: "QUIEN LA HACE LA PAGA"
El líder del PPC, Xavier García Albiol, se ha mostrado "triste, pero reconfortado" por la sentencia del 9N que inhabilita durante dos años al expresidente catalán Artur Mas, demostración de que "quien la hace la paga" y que es al mismo tiempo un "aviso" parar Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.
