La sala del 61 del Tribunal Supremo ha prohibido a Bildu -la coalición formada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba y abertzales independientes- concurrir a las elecciones locales del próximo día 22, tras trece horas de deliberaciones y por una mayoría de nueve votos a seis. De este modo, los nueve magistrados que vetaron la inscripción de Sortu como partido político -con la única novedad de Xabier O'Callaghan en sustitución de Jesús Corbal- han vuelto a imponer su mayoría y decidido la estimación de las demandas presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre del Gobierno.
Además de O'Callaghan, en este grupo están el presidente del Supremo, Carlos Dívar, y los magistrados Juan Saavedra, Ángel Calderón, Aurelio Desdentado, Ricardo Enríquez, Carlos Granados, Carlos Lesmes y Francisco Javier de Mendoza, han informado fuentes jurídicas.
Frente a ellos, Juan Antonio Xiol, Gonzalo Moliner, José Luis Calvo Cabello, Alberto Jorge Barreiro, Rafael Gimeno-Bayón y Manuel Ramón Alarcón -designado ponente de la resolución y que ha terminado renunciando a la misma- se han pronunciado, como ya hicieran en el caso de Sortu, a favor de la presencia de Bildu en los comicios y reflejarán su postura en un voto particular.
De la minoría se ha descolgado, según las fuentes consultadas, el magistrado José Manuel Sieira, que no obstante tampoco se ha unido a la mayoría y se ha manifestado en solitario a favor de la estimación parcial de las demandas y, por tanto, de permitir sólo a algunas de las 254 candidaturas presentadas por Bildu ir a las elecciones.
La sala del 61 ha examinado también las demandas presentadas contra diecinueve agrupaciones electorales y, según fuentes del Supremo, ha anulado 10 de estas listas, por lo que otras 9 de las impugnadas podrán concurrir a los comicios.
El proceso que ha culminado con estas decisiones arrancó el pasado 27 de abril, cuando la Abogacía General del Estado impugnó ante el Supremo todas las candidaturas de Bildu, así como las de 16 agrupaciones de electores, al considerar que son el vehículo formal utilizado por la izquierda abertzale ilegalizada para estar en los comicios.
Un día después, el jueves 28, hizo lo mismo la Fiscalía General del Estado que, en este caso, pidió la anulación de todas las listas de la coalición y de 18 agrupaciones electorales, a las que definía en sus recursos como el "cauce diseñado y controlado por Batasuna" para estar presente el 22-M.
Tras admitir a trámite los recursos de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado, los dieciséis magistrados de la Sala del 61 dieron un plazo a Bildu para presentar alegaciones antes del mediodía del viernes.
La coalición cumplió ese trámite, pero alegó indefensión por el escaso tiempo del había dispuesto para presentar sus argumentos, ya que recibió la notificación oficial de los recursos sólo una hora antes de que finalizara el plazo de alegaciones.
El mismo viernes, el tribunal se reunió para comenzar sus deliberaciones, aunque para garantizar el "derecho de defensa" de Bildu no llegó a entrar en el fondo del asunto y acordó ampliar en 24 horas el plazo de la coalición para presentar sus alegaciones.
Así, al filo de la medianoche de ayer sábado Bildu hizo llegar al Supremo sus alegaciones contra la impugnación de sus listas, en las que argumentó que todos sus candidatos firmaron "un código ético que incluye el rechazo activo de la violencia".
Con todos los papeles ya sobre la mesa, los magistrados se reunían a las diez de la mañana de hoy y durante cerca de trece horas han protagonizado un intenso debate jurídico para decidir si permitía o no a Bildu concurrir a las elecciones.
Finalmente, el fallo del Supremo, que se ha conocido a las 23:00 horas, ha cerrado a Bildu el paso a los comicios municipales y forales del próximo día 22.
Una decisión que rápidamente ha elogiado el PP al asegurar que supone "el triunfo de la libertad y la democracia frente a quienes pretenden destruirla con la violencia y el terrorismo".
También se ha felicitado la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, que en declaraciones a Efe ha expresado su confianza en que "ningún amigo de los asesinos" pueda estar en las elecciones del próximo 22 de mayo.
Bildu puede todavía recurrir ante el Tribunal Constitucional, que deberá resolver antes de la medianoche del próximo jueves día 5, cuando dará comienzo la campaña electoral.
